La modificación de la medida cautelar referida a la presentación al Ministerio del Medio Ambiente de una propuesta de Plan de Recuperación, Conservación y Gestión (“Plan RECOGE”) de la especie gato andino fue solicitada por la empresa, ya que, según su opinión, sería imposible de realizar.

Habrá un rol para la participación privada como inversores, al mismo tiempo se agrega una alternativa pública con la cual deberán competir. El rol de estos inversores estará focalizado donde pueden agregar más valor para los afiliados: en invertir bien los fondos y generar rentabilidades para que puedan multiplicarse.

La requirente estima que la norma impugnada vulnera el principio de legalidad y proporcionalidad.

Médico celebró en 1995 un contrato de arriendo de consulta con la Clínica Alemana sujeto a una cláusula compromisoria, y en 1999 mediante un anexo incorporó la prestación de servicios a sus obligaciones. La Clínica alegó que en base al anexo la controversia era de competencia arbitral.

La adquisición de derechos de extracción debe respetarse conforme a los principios de buena fe, seguridad jurídica y equidad, habiendo nacido en los pescadores artesanales la confianza legítima de que la autoridad le habría reconocido y declarado sus derechos.

La infracción al deber de abstención contenido en el artículo 165 de la Ley N° 18.045 es de carácter normativo, por lo que debe descartarse cualquier argumento en relación a la falta de intencionalidad del agente, ya que carece de relevancia dicho elemento subjetivo.

El requirente alega que la aplicación de estas normas coarta el ejercicio de su acción penal en tanto víctima de un delito.

El máximo Tribunal sostiene que este es el criterio judicial que ha primado, y que se condice con el correcto sentido y alcance de los artículos 162 y 183 B del Código del Trabajo.

El CDE sostiene que concurre la causa de reserva de la información del artículo 21 N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, que establece el secreto cuando la publicidad de los antecedentes requeridos afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional.

La judicatura de fondo no puede aplicar la suspensión de los plazos a aquellos conflictos iniciados antes del estado de excepción, pues infringe con ello el artículo 8 de la Ley N°21.226, norma que rige “in actum” y no puede invocarse retroactivamente.