El SERNAC denunció que el banco incurrió en la misma infracción de ley en dos sucursales distintas ubicadas en Santiago y Concepción, por lo que interpuso dos denuncias infraccionales, una en Las Condes y otra en la comuna de Concepción.
El control de razonabilidad del traslado importa que el acto administrativo en que se funda debe basarse en motivos que deben explicitarse mediante una relación circunstanciada de los fundamentos de la decisión de manera que se acredite la racionalidad intrínseca.
Las autoridades no cumplieron con su deber de tomar todas las medidas razonables para determinar a través de un organismo independiente si una actitud discriminatoria había jugado o no un papel en el control de identidad y, por lo tanto, no llevaron a cabo una investigación efectiva al respecto.
El acreedor demandó en juicio ordinario un mutuo de dinero del que daba cuenta un pagaré suscrito por el deudor, pero no ejerció la acción cambiaria, motivo por el que la excepción de prescripción opuesta por el demandado no puede prosperar.
En atención a la naturaleza del litigio, al hacer lugar al abandono sin llamar a las partes a rendir pruebas, el tribunal impidió al demandante a controvertir la solicitud afectando su derecho a defensa.
La solicitud fue presentada por la autoridad judicial colombiana, acompañando evidencias que presumen la participación del requerido en una organización criminal destinada a ingresar migrantes a Colombia, y luego, enviarlos a diversos países de la región.
El establecimiento de los hechos y la participación en base a prueba indirecta o indiciaria no constituye, sin más, una infracción al principio de la lógica de la no contradicción.
Las causas de inelegibilidad son también causas de incompatibilidad. Aun no concurriendo la tacha cuando el representante concurrió a las elecciones como candidato, si la causa surge una vez electo y mientras ostente la condición de alcalde o de concejal, esa inelegibilidad se transforma en causa de incompatibilidad, que se mantiene durante su mandato representativo.
Este beneficio o “descargue” tiene efecto personal, y permite al fallido volver a emprender luego de recuperar la administración de sus bienes, sin embargo, las obligaciones subsisten para ser cobradas al codeudor solidario, según los establece el artículo 255 de la Ley N°20.720.
Un grupo de agricultores denunció el supuesto estado ruinoso de un túnel que afecta en el cauce de un canal de regadío, no obstante, no pudieron acreditar el peligro inminente de la obra, más allá de los trabajos de mantención efectuados por una empresa de ingeniería.
