El requirente alega que la sanción aplicada resulta arbitraria y desproporcionada, vulnerando sus garantías constitucionales.
El pronunciamiento establece las directrices que debe cumplir la Administración del Estado en relación con dicha instancia.
La estructura jerárquica y disciplinada de la institución supone desempeñar las tareas y funciones que se les encomienden según las necesidades del servicio.
La requirente alega que se vulneran los principios de igualdad ante la ley, de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el debido proceso.
La iniciativa busca sancionar a los alcaldes que, de manera reiterada e injustificada, no den respuesta ni adopten acciones concretas en materias de seguridad y orden público.
Los congresistas escucharon a los ministros de Hacienda, Trabajo y Segpres con el fin de conocer detalles de la propuesta en que trabaja la actual administración.
Al respecto, el presidente del organismo, Francisco Leturia, afirmó: “Es sumamente grave que se hagan públicas algunas informaciones tan sensibles de las personas, como por ejemplo su militancia política, porque esto puede significar, discriminación, hostigamiento y persecución”.
El requirente alega que se le impide objetar una tasación injusta, lo que vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad.
La magistrada desestimó la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada y estableció la responsabilidad del Estado por el grave daño causado por sus agentes a Cubelli Hurtado, quien fue víctima de crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles tanto en el ámbito penal como civil.
El municipio estima que aplicarle dicho precepto afecta su autonomía como ente municipal y desconoce la normativa especial en la materia.
