El máximo Tribunal desestimó error en la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de Propiedad Industrial, al confirmar la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda de nulidad del registro de marras.
El máximo Tribunal descartó error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que confirmó la de primer grado que condenó a la parte demandada a restituir la propiedad.
El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que rechazó la demanda en todas sus partes.
El Tribunal de alzada confirmó la resolución apelada, dictada por el Segundo Juzgado de Policía Local de Valdivia, que acogió la denuncia formulada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf).
El Tribunal de alzada elevó los $63.000.000 fijados en primera instancia a $152.352.000, por concepto de indemnizaciones por lucro cesante y daño moral, cifra más acorde al mal causado al demandante por el actuar de la policía.
La Comisión de Agricultura del Senado aprobó en general la norma en segundo trámite. Ésta establece un reencasillamiento en las plantas del personal.
La imputada fue sorprendida transportando US$34.400 en la frontera con Chile.
Si bien no se demostró que las obras construidas por el recurrido afectan la propiedad del actor, sí quedó acreditado que aquel, ha entorpecido el libre tránsito, por lo que su actuar devino en ilegal y arbitrario.
El requirente alega que su aplicación infringe su derecho al recurso.
Aun cuando no se escriture un contrato de trabajo o se celebre bajo una denominación distinta, rige la presunción establecida en el artículo 8, que dispone: “Toda prestación de servicios en los términos señalados en el artículo anterior, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo”.
