Amerita al menos una evaluación por el organismo pertinente, relativa a si sufre una grave alteración o insuficiencia en sus facultades mentales que hicieren temer que atentará contra sí o contra otras personas.
La sentencia transforma lo que era una obligación del recurrente en relación con su ex esposa en una obligación alimenticia para con la hija. Es una prestación que solo aprovechaba en su concepción inicial a la ex esposa pues servía a la propiedad de un bien privativo y además sin posibilidad, dados los términos del convenio, de devolución de lo abonado por dicho concepto.
Asimismo, garantiza en la Carta Fundamental el derecho a la autonomía en materias relacionadas con sus asuntos internos y locales.
Estas instituciones conocen la calidad del trabajador que ingresa a su sistema como afiliado, por lo que es lógico que adecuen su atención presencial a un horario en que las personas puedan concurrir a sus dependencias.
El demandante pidió en su demanda principal que se declarara inexistente un contrato de sociedad, y en subsidio, solicitó la nulidad relativa de algunas de sus cláusulas, o la nulidad absoluta del acto; decisión a la que finalmente arribó la Corte de San Miguel luego de invalidar el fallo de base, y en sentencia de reemplazo declarar nulo el contrato.
La demandante se pensionó antes de ingresar a trabajar para el demandado y en ningún momento manifestó su intención de cotizar ni señaló el sistema previsional que recibiría la pensión.
El recurrente se opuso a la ejecución alegando la nulidad de la obligación contenida en el título, sin embargo, no aportó pruebas que sustentaran su argumento, sosteniendo que era el ejecutante quien debía acreditar la suscripción de los pagarés que pretende cobrar.
Si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar medios ordinarios instituidos para la solución de las controversias, su exclusión no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos, más que una ordenación o resguardo de competencias.
La norma tramitada en la Comisión de Transportes plantea entre sus lineamientos que las empresas de aplicaciones de transportes (EAT) deberán inscribirse en un registro donde debe estar la información de la empresa, sus conductores y vehículos.
La resolución aprobada por la Cámara apunta a los adultos mayores, así como a propietarios y pymes afectados por la violencia en La Araucanía.
