Este es un siniestro que se han visto implicados dos bloques enteros de viviendas. Ha afectado, por lo tanto, a la comunidad de propietarios en su conjunto y a los propietarios con carácter individual.
Alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, desde que le impone al litigante rebelde la carga de acreditar que por un hecho que no le sea imputable, no fue notificado conforme a los artículos 40 y 44 del Código de Procedimiento Civil, en circunstancias que dicha carga debiese recaer en el ejecutante, en cuanto es la parte que debe realizar el emplazamiento válido.
No se dio cumplimiento al Reglamento interno para la aplicación de las medidas disciplinarias, en cuanto no consta que se haya realizado la evaluación del Consejo de Profesores, por lo que se produce una afectación de la garantía de la igualdad ante la ley, razona la Corte de Rancagua.
Si bien a la fecha emisión del presente informe la sanción decretada puede encontrarse prescrita, esta no ha ejercido el derecho contemplado en el 2514 del Código Civil, en la forma señalada por el artículo 2493 de ese mismo cuerpo legal, informó el recurrido.
En este caso importa visibilizar que el derecho a la inscripción, emplazamiento filial y la consiguiente documentación e identificación para ciertas personas puede verse afectado de manera flagrante y evidente. Este tipo de supuestos, reedita una emergente realidad: niños invisibles los que atento carecer de su derecho primario quedan expuestos a un sinfín de perjuicios, riesgos y vulnerabilidades.
La requirente sostiene que contravienen el debido proceso al impedir “rendir prueba” en segunda instancia; limitan el conocimiento del tribunal de alzada y sus facultades para corregir o anular los actos viciados; la igualdad ante la ley al discriminar arbitrariamente respecto a ciertos procesos y litigantes; y el principio de la esencia de los derechos al afectar esas garantías más allá de lo razonable, desnaturalizándolas.
La reclusión del demandante en régimen de aislamiento de 2012 a 2016 en prisiones que no podían proporcionarle la atención adecuada, combinada con las medidas disciplinarias adoptadas contra él que en ocasiones implicaban el uso de esposas, deben haber exacerbado el sufrimiento causado por su enfermedad mental, constituyendo un trato inhumano y degradante en el sentido del artículo 3 del Convenio.
La ausencia de información suficiente para controvertir las conductas imputadas en su contra impidió que el actor pudiese allegar elementos de juicio a su favor. La empresa demandada no permitió que el actor acudiera a una instancia independiente e imparcial para hacer valer sus intereses y para controvertir las conductas irregulares que le fueron atribuidas.
Establece además que los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.
La moción busca incorporar como criterios para la procedencia de la prisión preventiva la imputación de delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y cohecho.
