La requirente estima que la reducción “prudencial” del mínimo de la subasta resulta discriminatoria y desproporcionada.
No se han acreditado, en la sede correspondiente, los hechos que motivaron las denuncias de acoso laboral y sexual deducidas en contra del recurrente, por lo que los comentarios y presiones ejercidas por la recurrida, dentro del mismo ámbito profesional y laboral, afectan indudablemente su honra.
Cumplía jornada completa, registraba asistencia, por lo que sus funciones no pueden ser calificadas como labores accidentales. No nos encontramos frente a un contrato de honorarios – las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son- sino más bien ante un acto jurídico cuyas características son propias de los funcionarios a contrata.
La prisión preventiva es excepcional, sin embargo, en ciertos casos y bajo determinadas circunstancias, resulta necesaria, razonable y proporcional para garantizar los fines del proceso penal, tanto más, si concierne dilucidar injustos graves y subyace complejidad en la actividad probatoria.
El requirente alega que la aplicación de las normas impugnadas transgrede el principio de presunción de inocencia, puesto que el sentenciador desde el inicio del procedimiento lo asume culpable, lo que se acentúa considerando que él también es responsable de la investigación de los hechos.
Si bien dicha actuación coarta la libertad ambulatoria de la amparada, ello obedeció al cumplimiento de la normativa legal vigente, máxime que señala que realizaba su ingreso para efectuar trabajos de manera irregular, sin contar con el permiso para ello, refiere el voto en contra.
Su ingreso formal se llevará a cabo en julio, en el marco de una reunión ministerial y tras dos años de negociaciones. El interés británico de ser parte del TPP11 se enmarca en la estrategia de inserción global que impulsó el Reino Unido tras el Brexit.
La recurrente acusó la tardanza del municipio en resolver una solicitud de devolución de patente comercial y la negativa para reembolsar un pago indebido de más de 200 millones de pesos, hechos que para la Corte deben ser conocido por la judicatura civil, y no en sede tutelar.
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La expulsión colectiva se produce cuando los casos particulares de las personas no se evalúan por separado. Italia no refutó la alegación de los demandantes de que no se habían realizado entrevistas individuales antes de que firmaran las órdenes de denegación de entrada.
