En el comunicado que informó el rechazo de la incorporación del actor, la Asociación únicamente citó un artículo de sus estatutos que contiene los requisitos para ser parte de la organización, lo que la Corte estimó insuficiente, pues era necesario que informara también los motivos y el alcance de dichos requisitos normativos.

Se trata del Convenio 190 del Organización Internacional del Trabajo para eliminar este tipo de conductas en el ámbito laboral, tanto público como privado. La iniciativa fue aprobada en forma unánime por la Comisión de Trabajo.

“Esta diligencia se realizó en 4 paños que dicen relación con las reclamaciones, donde quienes reclaman entienden que sus predios no deberían formar parte de esta declaratoria de humedal urbano, por lo que se encuentran impugnando el acto emanado por el Ministerio del Medio Ambiente”, explicó la ministra presidenta Sandra Álvarez.

Amerita al menos una evaluación por el organismo pertinente, relativa a si sufre una grave alteración o insuficiencia en sus facultades mentales que hicieren temer que atentará contra sí o contra otras personas.

La sentencia transforma lo que era una obligación del recurrente en relación con su ex esposa en una obligación alimenticia para con la hija. Es una prestación que solo aprovechaba en su concepción inicial a la ex esposa pues servía a la propiedad de un bien privativo y además sin posibilidad, dados los términos del convenio, de devolución de lo abonado por dicho concepto.

Asimismo, garantiza en la Carta Fundamental el derecho a la autonomía en materias relacionadas con sus asuntos internos y locales.

Estas instituciones conocen la calidad del trabajador que ingresa a su sistema como afiliado, por lo que es lógico que adecuen su atención presencial a un horario en que las personas puedan concurrir a sus dependencias.

El demandante pidió en su demanda principal que se declarara inexistente un contrato de sociedad, y en subsidio, solicitó la nulidad relativa de algunas de sus cláusulas, o la nulidad absoluta del acto; decisión a la que finalmente arribó la Corte de San Miguel luego de invalidar el fallo de base, y en sentencia de reemplazo declarar nulo el contrato.

La demandante se pensionó antes de ingresar a trabajar para el demandado y en ningún momento manifestó su intención de cotizar ni señaló el sistema previsional que recibiría la pensión.

El recurrente se opuso a la ejecución alegando la nulidad de la obligación contenida en el título, sin embargo, no aportó pruebas que sustentaran su argumento, sosteniendo que era el ejecutante quien debía acreditar la suscripción de los pagarés que pretende cobrar.