Se denuncia que la recurrida se ha atribuido facultades que no les han sido otorgadas, por cuanto el constituyente estatuyó una forma determinada para la aprobación de las normas constitucionales.
La requirente estima que la disposición en el caso concreto se está aplicando de forma contradictoria a los fines de la norma, estableciendo una sanción desproporcionada que vulnera garantías consagradas en la Constitución.
Cualquier acto corrupto se constituye en un claro obstáculo para el desarrollo de toda la comunidad.
El arbitrio no reprochó la infracción de las normas que instauran y regulan la prescripción extintiva de acciones contenidas en el Código Civil.
Dadas las circunstancias excepcionales provocadas por el virus Covid-19, no se puede reprochar al recurrente por no urgir la remisión de un proceso al Tribunal Superior.
Una interpretación contraria implica una vulneración de los principios básicos que gobiernan un Estado de derecho.
Lo anterior, con independencia del procedimiento por el cual se tramite.
Si bien la deliberación sobre el estatuto orgánico tiene que desarrollarse mediante procesos participativos en que intervengan los distintos estamentos de la comunidad universitaria, lo cierto es que las propuestas planteadas al Consejo Académico no son en ningún caso vinculantes.
10 integrantes de la Convención impulsaron la propuesta de norma Constitucional que busca reducir el déficit de viviendas, garantizando la sustentabilidad, seguridad y accesibilidad.
Al calificarse favorablemente el proyecto no se tuvieron en consideración las observaciones ciudadanas formuladas en tiempo y forma, lo que vulnera el principio de participación y la exigencia de motivación suficiente del acto administrativo.
