El demandado no puede ser considerado un proveedor de servicios en los términos que establece la Ley del Consumidor, esto porque no se encuentra acreditado en la causa que su actividad le reporte algún beneficio económico.
Los términos injusticia y arbitrariedad deben entenderse aquí utilizados con sentido equivalente, pues si se exige como elemento subjetivo del tipo que el autor actúe a sabiendas de la injusticia, su conocimiento debe abarcar, al menos, el carácter arbitrario de la resolución.
La posibilidad de recurrir en contra de decisiones judiciales sólo procede en determinados eventos y bajo ciertas hipótesis excepcionales. El asunto se encuentra sometido al imperio del derecho, contando la parte con los recursos que le franquea el ordenamiento legal a objeto de impugnar la decisión que estima causarle agravio.
Son los recursos procesales ordinarios los que se constituyen como el mecanismo para restablecer el imperio del derecho en esos casos.
El condenado hizo afirmaciones positivas de que no cooperaría, una indicación de que sabía que su cooperación era voluntaria y que cuando hablaba reflejaba una elección entre alternativas. Estaba lúcido y no fue engañado de otra manera en las circunstancias. El registro contiene solida evidencia respecto a que estaba muy consciente de las consecuencias de hablar”.
Se encuentra en su esfera de atribuciones, puntualmente en su facultad de requerir antecedentes a los establecimientos universitarios contenida en el artículo 8 letra h) de la Ley 21.091, por ende, no existe un conflicto de competencias con la Superintendencia de Educación Superior.
Con el objeto de honrar la memoria y homenajear a los niños fallecidos antes del nacimiento, y propender el acompañamiento de madres y padres que sufren la pérdida de sus hijos.
Dicha normativa no hace extensible su aplicación a los funcionarios que se rigen por el estatuto de la Ley 19.873, sin embargo, la DT menciona que el MINSAL podría establecer unas instrucciones al respecto. Agrega que este personal puede solicitar hasta 6 permisos anuales con fines médicos.
Arrendatario no hizo reparos a la norma decisoria que declaró terminado el contrato, y lo condenó a pagar las rentas insolutas y a restituir el inmueble, por lo que su omisión convalida la decisión de la judicatura de fondo.
De esta forma, al verificar la existencia de signos evidentes de venta de droga en un inmueble por medio del agente, Carabineros dio cumplimiento al requisito del artículo 206 del Código Procesal Penal, por lo que no fue vulnerado el debido proceso del imputado.
La política del terrorismo de Estado motivó un ataque sistemático que incluyó toda clase de violaciones a los derechos fundamentales de quienes estaban vinculados a actividades políticas, sindicales y gremiales, en razón de que eran visualizados como oponentes y, por tanto, blancos del régimen.
