Tanto el receptor judicial recurrido como la institución policial que prestó el auxilio de la fuerza pública, se limitaron al cumplimiento de una orden judicial legalmente obtenida.
El máximo Tribunal sostuvo que no procede ejercer la acción de protección, cuando lo pretendido es la impugnación de actos intermedios que forman parte de un procedimiento complejo.
El Sindicato señala que la Empresa reclamante se niega a recibir a su Director, no autoriza ni paga los permisos sindicales, lo que evidentemente perjudica la función sindical, y los intereses de todos los socios.
El alto Tribunal ratificó que la LNFP incurrió en la conducta infractora descrita en el artículo 58.9 de la Ley General de Comunicación Audiovisual.
La directiva señala que los estudiantes inscritos en universidades que pretenden operar totalmente por internet, no pueden tener una carga académica completamente online y permanecer en Estados Unidos.
Concluye la sentencia que, desde que se ha llamado a elecciones, no hay nada que sugiera que este derecho ha sido directamente amenazado de alguna manera.
El examen de casación da cuenta que el recurso carece de razonamientos concretos y precisos dirigidos a demostrar errores de derecho de que adolecería el fallo impugnado, limitando su exposición a una enunciación de falta o errónea ponderación de determinados medios de prueba.
Actúo como una comisión especial al desconocer facultades de la Junta de Administración y Vigilancia, y con infracción a la normativa laboral.
El fallo incurrió en un error de derecho al desestimar la denuncia.
La Comisión de peticiones del Parlamento de un Estado federado está afecta al RGPD, por lo que las personas tienen derecho de acceso.
