Proyecto de ley agrava sanciones aplicables a delitos que afecten a funcionarios de las Policías y Gendarmería de Chile.
Además, incorpora la pena accesoria de expulsión del territorio nacional cuando el condenado fuere de nacionalidad extranjera.
Además, incorpora la pena accesoria de expulsión del territorio nacional cuando el condenado fuere de nacionalidad extranjera.
El trabajador demandó en enero de 2020 por auto despido a su empleador, no obstante, la acción fue entablada fuera de plazo ya que el demandante dejó de ir a trabajar en septiembre de 2019, por lo que se considera esa época como el momento en que renuncia voluntariamente.
A pesar de no estar explícitamente reconocido en los instrumentos internacionales de derechos humanos, el derecho a la libertad bajo fianza debe interpretarse de manera amplia para incluir el derecho a ser informado de ella y el derecho a la asistencia letrada.
Además, prohíbe el incentivo económico de cualquier índole que induzca a la derivación de pacientes o la realización de exámenes complementarios con un prestador de acciones de salud determinado.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la compañía asegurado al denegar la cobertura.
En la decisión la magistrada procesó a Juan Emilio Cheyre Espinoza por perjuicio fiscal por un monto total de $128.638.559. En tanto amplió los procesamientos de Fuente-Alba Poblete e Izurieta Ferrer por montos que equivalen a $50.714.559 y $95.153.689, respectivamente.
El Tribunal concluyó que la resolución que reconoció dicha zona como humedal urbano, no abordó adecuadamente cuestiones planteadas por los reclamantes.
Un funcionario de Carabineros recurrió de amparo por la decisión de alzada que confirmó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, por su presunta participación en el maltrato a un menor de edad al momento de ser detenido en una protesta en 2019.
El proyecto que aprobó la Cámara busca fomentar que los y las docentes puedan focalizar su desempeño en la función de aula, en un año marcado por los desafíos que genera a todo el sistema educativo el período postpandemia.
Se trata de adecuaciones formales y de referencia en diversos cuerpos normativos relacionados con delitos en contra de niños, niñas y adolescentes. Ahora, la propuesta pasó a consideración del Senado.