El máximo Tribunal explica que la norma que rige la materia dispone con meridiana claridad que el Servicio de Evaluación Ambiental, en el procedimiento de interpretación de una RCA, debe requerir previamente informes de los organismos sectoriales que haya participado en el proceso de evaluación, mas, en ningún caso, el legislador ha relevado al SEA de exigir estos informes.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la compañía aseguradora al no otorgar la cobertura a las enfermedades del hijo del contratante.

El Tribunal de alzada rechazó la acción cautelar por considera que el registro se encuentra ajustado a la normativa, sin que se constaten actuaciones arbitrarias o ilegales del recurrido.

Las diputadas y los diputados requirentes estiman infringido dicho principio, en atención a que la norma de comportamiento que configura parte del núcleo de la conducta se encuentra contenida en una regla infralegal.

El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar tras establecer el actuar arbitrario de la AFP al denegar el giro íntegro de los fondos acumulados durante los años trabajados.

El Tribunal acogió la demanda solo en cuanto se condena al BCI a pagar a la trabajadora la suma de $2.232.108, por concepto de recargo del 30% sobre la indemnización por años de servicios, más los reajustes e intereses legales.

El Tribunal de alzada confirmó íntegramente el fallo atacado, dictado por el 18° Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la reclamación de la empresa en contra de la Superintendencia de Servicio Sanitarios, que no dio lugar al recurso de reposición y mantuvo la sanción.

La sentencia señala que el deber de información del abogado al cliente, supone que el primero debe suministrar información veraz, completa, cabal y suficiente y la falta de información, como en el caso, constituye una violación del deber de fidelidad que el abogado asume desde el momento en que acepta el encargo y que persiste aún luego de concluida la relación contractual.

La sentencia conculcó el artículo 64 D de la Ley 18.892, que otorga el carácter de instrumento público a la certificación efectuada por el Servicio Nacional de la Pesca, constituyendo plena prueba respecto de la operación en faenas de pesca de una nave en un área determinada.

El reproche de la actora se orienta en el sentido de controvertir la calidad de esporádicos de los servicios, afirmando que ellos fueron continuos, cuestión que no es materia de calificación sino de apreciación de prueba, eventualmente susceptible de ser impugnada por una causal distinta de la invocada.