El máximo Tribunal desestimó el recurso especial enderezado en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda.
El Tribunal de alzada descartó infracción al debido proceso en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda y ordenó a la recurrente y subsidiariamente a la empresa Ekono Limitada, pagar las indemnizaciones y prestaciones adeudadas al trabajador.
No existe obligación alguna de las líneas aéreas de pagar comisiones por la gestión de venta de pasajes realizada por la agencia.
La actora alegó que otros alumnos en igual situación pudieron tomar ramos y que debe seguir pagando el arancel a la institución educacional.
La función de dictar las políticas públicas en un Estado Democrático de Derecho corresponde al Poder Ejecutivo, por lo que resulta improcedente conocer y resolver esta materia vía recurso de protección.
La comisión de los ilícitos civiles se enmarca en un estatuto de responsabilidad civil extracontractual, razón por la cual la justicia especial nunca podrá conocer estos asuntos.
El procedimiento sancionatorio no solo excedió el plazo determinado legalmente, sino que todo límite de razonabilidad, contrariando diversos principios del derecho administrativo obligatorios para la Administración.
La sola circunstancia de haber dispuesto monitores de televisión a sus clientes constituye un menoscabo a la esfera jurídica de los autores, por cuanto la comunicación pública de sus obras debe ser autorizada por ellos.
La Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema realizó una audiencia pública general y recibió a quienes fueron administradores del poder dentro del Estado para entregar su mirada y reflexiones sobre distintos temas del funcionamiento del sistema político chileno.
Ante la ausencia de prescripción médica para conceder servicios de salud que requiere un paciente, el prestador médico está obligado a adelantar las gestiones administrativas correspondientes para garantizar el derecho al diagnóstico de la persona.
