Se pospuso la adopción del acuerdo. Esto, en atención a lo dispuesto en el artículo 20 de la LOCTC, en relación con el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.
Desconocido el cargo por el usuario y efectuado el reclamo, correspondía al recurrido probar la autorización de éste.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La demandada invocó la causal de desahucio del empleador.
No hubo vulneración de los derechos consagrados en los artículos 14, 15 y 24 de la Constitución Española.
El requirente aduce que se vulnera la libertad personal y seguridad individual, pues no se cumple el parámetro de proporcionalidad, toda vez que existe otra medida por medio de la cual se pueda lograr el mismo objetivo, sin que sea arrestado.
Recientemente la Ciudad de México, a través de su Poder Legislativo, aprobó la denominada “Ley Ingrid”, con la finalidad de sancionar a aquellos servidores públicos que difundan imágenes de víctimas.
Los recurrentes solicitaron a la Corte disponer de acciones de compensación y mitigación para la comunidad, ya que la contaminación vulnera los derechos fundmentales del artículo 19 Nº 1, 8 y 24 de la Constitución.
La resolución impugnada señala que, atendido que el requerimiento de formula sólo por tres concejales, de lo que se infiere que no cumple con el quórum mínimo que exige el inciso 4 del artículo 60 de la LOC de Municipalidades.
La decisión de la recurrida se fundó en el derecho y facultad que tiene para administrar las dependencias comerciales de su propiedad.
