El máximo Tribunal desestimó el arbitrio al considerar que en el fallo que lo motiva, no existe un pronunciamiento sobre la materia de derecho respecto de la cual se pretende la unificación.
Recurrente pretendía reivindicar una porción de un inmueble sobre el cual posee derechos, para ello, acusó la infracción del artículo 892 del Código Civil, el cual no fue invocado en la demanda.
En virtud del principio de especialidad esta judicatura es la competente para conocer acerca de los conflictos relativos a procedimientos administrativos de contratación con organismos públicos.
La iniciativa tiene por objeto que el Estado reconozca los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) como una enfermedad que puede tener consecuencia de muerte.
Al interpretar el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores se debe priorizar el interés superior del niño si corre peligro en su país de residencia.
El Tribunal elevó a a $100.000.000 la indemnización que el Fisco deberá pagar a las víctimas demandantes, por concepto de daño moral provocado por sus compañeros de armas, quienes los sometieron a torturas durante el proceso sustanciado por la justicia militar.
El máximo Tribunal descartó infracción a las reglas reguladoras de la prueba en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que ordenó a las demandadas pagar solidariamente la suma de $78.696.215 por concepto de daño emergente, más $20.000.000, por daño moral.
El domingo, Meneses Cayupi y Mora Millalonco acudieron hasta el domicilio de la víctima, para compartir un asado por el Día del Padre. Lugar donde, tras consumir bebidas alcohólicas, fumar marihuana y consumir otras drogas, se generó una discusión entre el dueño de casa y los imputados, reyerta que derivó en empujones y agresiones que hicieron caer al suelo a la víctima y chocar contra un vidrio.
En el período comprendido entre 2014 y enero de 2017, G.A.P.G. obtuvo servicios sexuales de la víctima, a dicha época menor de edad. Delitos consumados tanto en el domicilio de C.R.O.R. como el correspondiente a G.A.P.G., a cambio de una suma que variaba entre $5.000 y $20.000.
Los parlamentarios coincidieron en la necesidad de poner urgencia a la tramitación del proyecto que establece delitos en contra del medio ambiente, y hacer seguimiento a las demandas de la comunidad.
