Las autoridades nacionales no demostraron de manera convincente en el razonamiento de sus decisiones que, al rechazar la reclamación del demandante por despido improcedente, se había logrado un justo equilibrio entre su libertad de expresión y el derecho de su empleador a proteger los intereses legítimos de la empresa.

La Primera Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal del banco al negarse a restituir el monto sustraído a la recurrente.

La Primera Sala del tribunal de alzadadesestimó la vulneración de garantías constitucionales denunciadas por residentes de los sectores Santa Rosa y La Ponderosa de Arica.

La Segunda Sala del máximo tribunal estableció error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, al establecer que el condenado actuó dolosamente.

Esta alega que la norma legal objetada infringe el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, desde que, a pesar de que la única privación admitida por la Constitución del dominio o de algunos de sus atributos o facultades esenciales es por la expropiación, o bien por las causales de simple extinción de su dominio sobre la concesión minera establecida en la LOC N°18.097, el precepto impugnado conduce a la privación del dominio sobre sus pertenencias mineras prexistentes y válidamente constituida.

El Estado y sus organismos dependientes deben eliminar toda barrera que obstaculice el acceso a un adecuado ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, y tienen la obligación de realizar los ajustes razonables que sean necesarios para tal objeto.

Uno de ellos concluyó que era capaz de comprender y diferenciar lo lícito de lo ilícito, y de autodeterminar su conducta conforme a derecho, pero luego indica que su condición constituye una enajenación mental y que no es peligroso para sí mismo ni para terceros, y en el segundo informe indica que ambos trastornos mentales son de tipo permanente sin referir que padezca una enajenación mental propiamente tal.

Es la primera condena bajo la Ley de Mutilación Genital Femenina (MGF) de 2003 en el Reino Unido, legislación que prohíbe tanto la MGF en su territorio como llevar a niñas al extranjero para someterlas a este procedimiento. La sentencia resalta la gravedad de este procedimiento, considerado tortura según varios tratados internacionales.

Contrariamente a lo que supone la causal de la errónea aplicación del derecho, en la especie lo resuelto no ha importado infracción alguna de disposición legal, no ha existido interpretación errónea, no se ha dejado de aplicar en un caso que era procedente ni ha sido aplicada a alguno cuando ello no correspondía.

El magistrado acogió la demanda, tras comprobar que la no renovación del contrato, se efectuó sin mediar autorización de juez competente.