Los incumplimientos que se sancionaron dicen relación con el ocultamiento de información evitando que la SMA ejerciera sus atribuciones fiscalizadoras; “inadecuado manejo de mortalidad y de residuos sólidos”, incumplimiento de medidas preventivas en su Plan de Contingencias, además de un pretil de plataforma de ensilaje que presentaba daños estructurales.

El Tribunal,  tras la deliberación de rigor, dio por acreditado tanto la ocurrencia del delito como la participación culpable del acusado en los hechos, descartado la calificación de apremios ilegítimos hecha por el querellante.

El Tribunal estableció responsabilidad por la entrega de productos no aptos para realizar la función solicitada.

La demandada Mrksa SpA. se comprometió a ejecutar el encargo, esto es, vender el piano de propiedad de la demandante, a cambio de una comisión del 10% más IVA sobre el precio de venta.

El máximo Tribunal consideró que se atenta contra el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación al mantener la operación del vertedero en base a una disposición transitoria.

La Sala del Senado estudió el detalle de la iniciativa que adecuará la actual legislación a los nuevos requerimientos. No obstante, diversos senadores y senadores hicieron presente que este cuerpo legal no soluciona el problema de la tenencia ilegal.

La iniciativa busca aumentar las penas de los delitos que se cometan en contra de los efectivos policiales, pero, en especial, cuando se trate de ataques que terminen con la muerte de alguno de ellos.

Así se relata en el primer capítulo de la segunda temporada de la serie «Narcos México». La Drug Enforcement Agency (DEA) –Agencia Antidroga estadounidense–, tomó la decisión de investigar a fondo el secuestro, la tortura y el asesinato de su agente Enrique «Kiki» Camarena, destinado en Guadalajara, México, donde «reinaba» el capo sinaolense Miguel Ángel Félix Gallardo, el capo del cártel de Guadalajara. Una decisión basada en la falta de colaboración de las autoridades mexicanas.

La situación denunciada data desde el año 2017, y a pesar del intento de arribar a soluciones colaborativas con la recurrida, no ha adoptado ninguna medida para mejorar las condiciones de los internos.

Contraviene la igualdad ante la ley y el debido proceso. La investigación quedaría entregada a la absoluta libertad y arbitrariedad de un órgano de la administración que la conduce a su arbitrio fuera de cualquier control jurisdiccional.