El artículo 1° transitorio de la Ley N° 20.855 establece la obligación de las instituciones financieras de otorgar la escritura de alzamiento de hipoteca y gestionar su cancelación en el Conservador dentro del plazo máximo de 3 años, cuando los créditos garantizados estuvieran íntegramente pagados.

Rechazar la solicitud de traslado efectuado por una funcionaria de la institución sin atender a su situación familiar ni al informe favorable emitido por el Jefe de Zona que la misma autoridad había solicitado, configura un actuar arbitrario.

De acuerdo al informe emitido por la SEC, la empresa no logró justificar el monto reflejado en las boletas de consumo eléctrico, teniendo en consideración que los artefactos que mantiene la recurrente en su propiedad son de bajo consumo eléctrico.

El gobierno tenía la obligación de considerar otras medidas menos restrictivas para hacer frente a la disputa de poderes antes de tomar medidas tan drásticas como la suspensión de las facultades del Parlamento y la limitación de la inmunidad de sus miembros, que fueron elegidos libremente por los ciudadanos.

El actor fue mordido por perros callejeros y una vez iniciado el tratamiento, la demandada no aplicó la segunda dosis de la inoculación, contrayendo rabia y quedando con secuelas de movilidad permanente producto de la falta de servicio.

Modifica los artículos 141 y 142 del Código Penal.

El estado de necesidad solo puede invocarse si, por un lado, el peligro es presente o inminente, es decir, real, cierto y en curso de ejecución o es probable que se lleve a cabo en un futuro inmediato amenazando directamente a la persona que realizó el acto ilícito, y por otro lado, este acto era la única forma de evitarlo.

El anonimato facilita el accionar de los delincuentes, ya sea mediante estafas telefónicas, llamadas inoficiosas a números de emergencia, coordinación de delitos dentro de los recintos penitenciarios, y sobre todo, la coordinación del crimen organizado.

La entrega de dicha información no afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, así como tampoco pone en riesgo el orden público y la seguridad de la Nación, no siendo aplicable ninguna causal de reserva de las contempladas en la Ley de Transparencia.

La desobediencia reviste una especial gravedad, puesto que no solo vulnera el principio de autoridad, sino que también vulnera otros bienes jurídicos protegidos como en el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, el orden público y el derecho de defensa.