La ministra Melo Labra es abogada de la Universidad de Concepción y cuenta con una trayectoria judicial que inició como relatora suplente e interina de la Corte de Apelaciones de Santiago en 1993; desde 1995 y hasta enero de 2001, fue relatora titular del tribunal de alzada, llegando a ocupar el cargo de relatora del pleno del tribunal de alzada capitalino.

Tampoco se ajustó a derecho que la resolución efectuara modificaciones al Gabinete de la Primera Dama y estableciera funciones que corresponden a la esfera de atribuciones de los Ministros de Estado.

La instancia será la encargada de zanjar la votación que se requeriría para aprobar dichos cuerpos legales, pues hay quienes sostienen que leyes relativas a votaciones populares, al Congreso, a la Contraloría, Banco Central y tribunales necesitarían más votos que la mayoría simple.

La Ministra de Justicia entregó detalles de la modalidad que será electrónica y administrada por el Servicio de Registro Civil e hizo un llamado para que las instituciones públicas y privadas obligadas por ley a consultar el Registro “se enrolen a la brevedad”.

Al exceder estas autoridades el campo de sus atribuciones constitucionales y legales, e interferir en competencia otorgada constitucionalmente al Presidente de la República en materia de relaciones internacionales.

Machuca Muñoz durante su estada en el cuartel Londres 38 permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la Dina que operaban en dicho cuartel con el propósito de obtener información relativa a integrantes del MIR. La última vez que la víctima fue visto con vida, ocurrió un día no determinado del mes de agosto 1974, encontrándose desaparecido hasta la fecha.

El máximo Tribunal desestimo el recurso al no contener la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pronunciamiento sobre la materia de derecho que la parte recurrente pretende unificar.

La controversia excede los márgenes de una acción cautelar de derechos constitucionales, por lo que el recurrente deberá ejercer los derechos que el legislador le concede en un procedimiento de lato conocimiento.

El artículo 1° transitorio de la Ley N° 20.855 establece la obligación de las instituciones financieras de otorgar la escritura de alzamiento de hipoteca y gestionar su cancelación en el Conservador dentro del plazo máximo de 3 años, cuando los créditos garantizados estuvieran íntegramente pagados.

Rechazar la solicitud de traslado efectuado por una funcionaria de la institución sin atender a su situación familiar ni al informe favorable emitido por el Jefe de Zona que la misma autoridad había solicitado, configura un actuar arbitrario.