El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia que estableció la sanción de nulidad de despido.
El Tribunal de alzada confirmó íntegramente la sentencia, dictada por el 25° Juzgado Civil de Santiago, que estableció la falta de servicio del centro asistencial y que le ordenó el pago de la suma de $8.157.552, por concepto de daño emergente, y $5.000.000, a título de indemnización por daño moral.
La presente prórroga sería la quinta a efectuarse desde la instauración del estado constitucional, en marzo de 2020: tres por la vía administrativa y dos por medio de autorización del Congreso Nacional. En su intervención, el Ejecutivo observó la necesidad de continuar con las medidas sanitarias y restrictivas, pero se abrió a efectuar cambios en sus consideraciones.
El Tribunal de alzada rechazó la acción cautelar, tras establecer que la Contraloría Regional actuó dentro de sus atribuciones al examinar la legalidad de los gastos públicos.
Los antecedentes que se intenta “publificar” son documentos privados que las partes no quieren revelar, y así lo han manifestado en forma inequívoca durante la gestión pendiente.
El máximo Tribunal concluye que habiéndose subsanado la falencia que afectaba la presentación de la recurrida, no existen medidas que pueda adoptar sobre el particular.
El empleador había citado al dependiente al lugar de trabajo.
Se infringiría la libertad sindical, por cuanto permitirían validar jurídicamente la intromisión de la empresa en las decisiones adoptadas por los sindicatos.
Algunos periodistas han sido forzados a revelar su fuente, en el contexto de un presunto esquema de corrupción que involucra al Departamento de Tránsito estatal de Espírito Santo.
No existiría ninguna razón para restringir su libertad de trabajo y prohibirle el ejercicio en el sector privado.
