La Ley 21.258 establece normas protectoras de los derechos de los empleados, cuyo ámbito de aplicación excede a quienes se encuentran regidos por el Código del Trabajo.
Al negarse el juez abrir prueba en el incidente promovido en el juicio ejecutivo, se vulnera el debido proceso.
El actuar de las recurridas es arbitrario y amenaza la garantía consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución, pues le niegan el acceso a un medicamento necesario para la sobrevivencia de la actora.
Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
Corresponde el reembolso de los medicamentos que forman parte de él.
Se mantendría vigente, a través de una ficción, y sin que exista base alguna de realidad, una relación laboral, en circunstancias que no se presta servicio alguno.
El Estado debe ofrecer una solución temporal en condiciones dignas, además de facilitar el acceso a otras soluciones de carácter permanente.
La norma establece un seguro individual obligatorio de salud y un protocolo de seguridad sanitaria laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo.
Hay utilizaciones del cannabis y de sus derivados que, lejos de provocar dañosidad en la salud humana, pueden protegerla, remitiendo algunas patologías, o calmando sus síntomas.
Sostener lo contrario imposibilitaría que empleador pueda ejercerla.
