La Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proyecto en general.
El máximo Tribunal estableció que en la especie se infringió la garantía al debido proceso al permitir la declaración viciada de la víctima, por lo que ordenó la realización de un nuevo juicio oral ante jueces no inhabilitados.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso, tras establecer que el actuar de la parte recurrida se ajusta a la normativa institucional vigente, sin que se le pueda formular reproche de ilegalidad.
El último caso que verá el Tribunal internacional será el de Pavez Pavez contra Chile, los días 12 y 13 de mayo, el cual trata de la presunta responsabilidad internacional del Estado chileno por la inhabilitación, con base en la orientación sexual, de Sandra Cecilia Pavez Pavez para el ejercicio de la docencia de la asignatura de religión en una institución de educación pública, cargo que desempeñaba desde hacía más de 22 años.
El proyecto impulsado por la oposición que hacían una modificación permanente a la Carta Fundamental no alcanzó los votos. La moción que sí se aprobó ahora vuelve a la Comisión de Constitución y será votado nuevamente esta tarde en Sala.
El Tribunal de alzada descartó que la entrega del documento solicitado afecte la seguridad nacional.
El Tribunal estableció la responsabilidad contractual de la entidad bancaria al no fiscalizar la entrega correcta y completa del documento.
El Tribunal concluyó que, para determinar la sanción, la SMA no fundamentó debidamente la ponderación de las circunstancias asociadas a la importancia del daño causado o del peligro ocasionado, el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción, y la capacidad económica del infractor (Artículos 40 letras a), b) y c) de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente).
La Universidad requirente aduce que no resulta lógico ni justo que, frente a una conducta menor, se le pueda hacer además acreedora de una adicional condena que le significará e la imposibilidad de poder concurrir a licitaciones respecto de contrataciones administrativas por un período de dos años.
El acto priva al recurrente del legítimo ejercicio a su derecho a la integridad psíquica, a la igualdad ante la ley y a la propiedad.
