El máximo Tribunal descartó vicios en la sentencia impugnada, dictada en prevención del daño que las tronaduras ( explosivos) podrían causar en sitios de interés paleontólogo detectados en el rajo de la mina, que hacen imprescindible una evaluación de impacto ambiental.
El requirente alega que la aplicación de los preceptos en el caso concreto infringe sus garantías a la igualdad ante la ley, debido proceso y de propiedad.
El retardo en la tramitación de la solicitud ha ocasionado que el estatus migratorio del recurrente sea irregular, infringiendo los plazos impuestos por la Ley N° 19.880 en relación con la Ley N°21.325.
En la especie, el recurrente pidió computar los 91 días que cumplió de arresto domiciliario nocturno, en 60 días de abono; el Tribunal consideró que debían ser sólo 30 días, imponiendo cumplir el saldo de la pena.
El requirente alega que la aplicación de los preceptos en el caso concreto, vulnera normas y garantías constitucionales.
Recurrente alegó vulneraciones al debido proceso y principios de oralidad e inmediación al efectuarse el juicio en modalidad telemática, argumentos considerados insuficientes a juicio del máximo Tribunal.
El requirente alega que la medida resulta arbitraria y pone en riesgo su funcionamiento, afectando el derecho a la libertad de enseñanza y educación.
La iniciativa busca aumentar los niveles de transparencia de la información que se entrega a la ciudadanía y asegurar que la decisión de compra se efectúe sin ningún tipo de sesgo que pueda inducir a error o engaño al consumidor.
Parte de las normas sobre las cuales emitió pronunciamiento fueron declaradas conforme a la Constitución. Iniciativa está lista para ser promulgada y publicada.
La Comisión Mixta, que se constituyó para zanjar las diferencias en torno al proyecto, aprobó por amplia mayoría una nueva atribución para el Presidente de la República.
