En una ceremonia pública  se realizó el sorteo que consideró a los 11 ministros y ministras  de la Corte Suprema habilitados para tramitar el requerimiento. El tribunal especial para estos efectos quedó integrada por:  la ministra Andrea Muñoz Sánchez, que ejercerá como presidenta; los ministros Jorge Dahm Oyarzún, Arturo Prado Puga, Mario Carroza Espinosa y la ministra María Cristina Gajardo Harboe.

El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer el actuar ilegal y arbitrario del establecimiento al desatender las necesidades especiales que requiere el alumno.

El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad deducido por la parte demandante en contra de la sentencia dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

La magistrada estableció la responsabilidad de la demandada por el error de diagnóstico y tratamiento brindado a trabajador con luxofractura de columna cervical en el Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad de Santiago, en septiembre de 2019.

Con un paquete amplio de propuestas, entre otras, aplicar obligaciones de transparencia a fundaciones, el Consejo para la Transparencia (CPLT) busca transformar la crisis generada por casos de eventuales irregularidades en una “oportunidad” e impulsar cambios estructurales pendientes.

Una semana, ni tan agitada, ni tan relajada, aunque sin parar de trabajar. La previa para las discusiones de fondo se comienza a acabar, y a la espera de las votaciones, cada sector toma su posición frente al debate. La derecha se muestra tranquila para alcanzar puntos que, según algunos, se inclinan a ser ideológicos, […]

La normativa sobre becas debe ser interpretada teniendo en cuenta el interés superior del niño, sin distinguir si el menor se encuentra bajo el cuidado de un adulto en el marco de un procedimiento de adopción o por la aplicación de una medida de protección.

Los efectos que produzca tal sentencia sólo comenzarán con la incorporación del requirente en el registro de proveedores que no pueden contratar con el Estado. Desde entonces el afectado podrá reclamar contra tal acto administrativo, impugnándolo por la vía de reposición o jerárquica y, estando a firme el acto administrativo si no le es favorable, puede interponer las acciones jurisdiccionales que correspondan, como son la que establece la propia Ley de Contratación Pública o el recurso de protección. (Voto por rechazar).

El artículo 241 del Código Procesal Penal se está refiriendo a la reiteración de hechos similares, parecidos o análogos, pero no necesariamente los mismos que el caso particular que se investiga. La argumentación de tratarse de los mismos hechos no es lo que se desprende de la norma.

La parlamentaria acusa un trato desigual respecto de otros colegas de la Cámara que igualmente son bomberos, y no han sido separados de las filas de la institución por faltar a actos obligatorios de la misma. Indica que es una tradición respetar la calidad de bombero a quienes ejercen cargos de elección popular, ya que el cumplimiento de las obligaciones como diputada la eximen de acudir a los eventos de carácter obligatorio a los que sea convocada.