El Tribunal explica que “contiene las acciones u obligaciones a las que se obligan y los verificadores o plazos para su ejecución y que se cumple con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley N°20.600 que crea los Tribunales Ambientales”, esto es, que implementa medidas adecuadas para hacerse cargo del eventual daño ambiental alegado.

La Sala del Senado respaldó una regulación que establece que dichos establecimientos deberán contar con esos instrumentos para acreditarse. Asimismo, se busca que el eje principal de las medidas sean el respeto a la libertad y dignidad, así como la no vulneración de los principios de igualdad y de no discriminación.

El máximo Tribunal desestimó el arbitrio enderezado en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que confirmó la de primer grado que ordenó a Codelco pagar $95.871.812, por concepto de recargo por aplicación improcedente de la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, al funcionario, quien prestó servicios a la minera estatal por 42 años.

El máximo Tribunal estableció la falta de servicio de las policías al no adoptar medidas de seguridad que evitaran hechos delictuales en contra del fundo, pese a existir amenazas previas al ataque incendiario.

En la gestión pendiente se celebró una audiencia en rebeldía de la requirente, quien alegó falta de notificación, el incidente fue rechazado y no se concedió el recurso de apelación.

El impedir al actor obtener su grado académico por exigencias derivadas de su situación de deuda es discriminatoria y vulnera la garantía contenida en el artículo 19, Nº2, de la Carta Fundamental.

Mantener aquella deuda con posterioridad a la sentencia firme en un proceso de liquidación voluntaria, amenaza la igualdad con que la actora debe ser tratada respecto a otras personas sin antecedentes comerciales.

Las normas objetadas permiten decretar el desalojo sin oír previamente a la entidad afectada.

La ponderación de derechos en colisión debe considerar las implicancias concretas en la restricción de un derecho, y debe ir más allá de un análisis puramente normativo.

La norma legal impugnada produce un efecto que pugna con la racionalidad y justicia procedimental garantizada en el artículo 19, Nº 3º, inciso sexto, de la Constitución.