Al demandante le corresponde gozar de la prestación estipulada por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de la Ley 26790 y percibir la pensión de invalidez permanente parcial regulada por los artículos 18.2 y 18.2 del Decreto Supremo 003-98-SA.
El máximo Tribunal señaló que actuar del edil denunciado constituye una ilegalidad y arbitrariedad en su conducta que vulnera el derecho a la igualdad.
De acuerdo con los antecedentes aportados por las partes no se advierten falencias en la convocatoria realizada por el recurrido, toda vez que se realizó en estricto cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley
El amparado señala que la forma en que se encuentra cumpliendo condena es inhumana y denigrante.
El objetivo principal del proyecto ingresado es establecer incentivos económicos para denunciantes y ampliar la aplicación de la delación compensada, con el fin de disminuir la corrupción.
El máximo Tribunal indicó que, del mérito de los antecedentes, apareció de manifiesto que en el libelo interpuesto en autos se mencionó hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
Corte de Antofagasta señaló que la norma que reconoce derechos de dirigentes sindicales no permite atribuir automáticamente tal calidad frente a cambio de empresa, sin afectar libertad sindical.
Máximo Tribunal señaló que actuación de la intendencia regional de Arica es ilegal y arbitrario.
Corte de Valparaíso señaló que no existe necesidad de cautela vigente por encontrarse en curso investigaciones sumarias por los mismos hechos.
La Magistratura española concluyó que las resoluciones impugnadas no han vulnerado el derecho a la libertad personal (art. 17 CE) porque han superado el examen de constitucionalidad basado en unos hechos presuntamente constitutivos de delitos graves y un riesgo de reiteración delictiva, que daría lugar a perjuicios singularmente graves.
