La mayoría de las víctimas detectadas en la región son objeto de trata con fines de explotación sexual.
La resolución impugnada amenaza la garantía constitucional del artículo 19 Nº21 de la Constitución, pues arbitrariamente desatendió los fundamentos de los anteriores actos normativos que buscaban a mitigar los efectos negativos de la situación pandémica.
Se habrían modificado las bases de remate en un juicio ejecutivo. El requirente estima que las resoluciones no pueden ser alteradas de manera alguna por decisiones posteriores amparadas en facultades de oficio del Tribunal.
La recurrida había optado por otorgarle un tratamiento paliativo.
Que las conclusiones del juez a quo no satisfagan al recurrente, no implica que se haya incurrido en alguna infracción.
La facultad exclusiva de investigar objetivamente del Ministerio Público no debiese pasar a llevar los derechos constitucionales de la víctima.
El Dictamen N°9.913 de 2020 se circunscribe a las circunstancias excepcionales y temporales provocadas por la pandemia del COVID-19.
Se infringiría la libertad sindical, por cuanto permitirían validar jurídicamente la intromisión de la empresa en las decisiones adoptadas por los sindicatos.
La corporación, en ejercicio de sus facultades, consideró verificados los requisitos legales para la inscripción de la comunidad, cuya decisión no se contrapone ni a la ley ni al reglamento de la materia.
Adolece de falta de debido fundamento plausible.
