La Magistratura constitucional colombiana criticó que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ponga en duda que la muerte del menor hubiese ocurrido con ocasión del conflicto armado, argumentando que en la zona también operaban bandas delincuenciales auspiciadas por el narcotráfico.

Propone establecer que los proyectos inmobiliarios que consideren instalaciones de telecomunicaciones deban contar con la capacidad necesaria para que diversos operadores de telecomunicaciones puedan suministrar sus servicios en condiciones competitivas.

El Tribunal consideró que la carta de despido no justifica los motivos de la desvinculación del trabajador, los documentos idóneos para acreditar la situación económica de la demandada, lo  constituyen únicamente los libros contables de la empresa, que aquí no han sido aportados.

La facultad de control preventivo de constitucionalidad ha mermado y vulnerado la voluntad del poder legislativo, incidiendo en el debate democrático de las diversas iniciativas que se presentan día a día en el Congreso.

El máximo Tribunal determinó modificar la jurisprudencia que desestimaba el recurso sin costas, debido a que las instituciones de salud cumplen con tardanza, y en ocasiones no cumplen con lo que se allanaron lo que obliga a los afiliados a recurrir nuevamente denunciado el incumplimiento.

El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia.

El máximo Tribunal advierte la falta de claridad en lo que concierne a los mecanismos de resolución de controversias que se consultan a esta Corte.

El Tribunal de alzada consideró que no hubo error en la decisión del tribunal que acogió la demanda.

El Tribunal de alzada estableció actuar arbitrario al no realizar el recálculo por el fallecimiento de la esposa del titular de la cuenta.

Siete de estas audiencias abordaron temas regionales, como la situación de los derechos humanos de las víctimas de trata de personas en la región; los abusos sexuales a niñas, niños y adolescentes en instituciones religiosas; la situación de las fiscalías en la protección de derechos humanos.