Según la recurrente estigmatiza y criminaliza a este grupo de niños, niñas y adolescentes.
El primero fue interpuesto por la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, mientras que el segundo se presentó por algunos de los 113 gendarmes que se desempeñan en el penal que será clausurado alguno de los cuales posteriormente se desistieron de la acción cautelar.
Las presentaciones fueron interpuestas por organizaciones sociales, agrupaciones de empleados públicos y una organización feminista.
Corte de Antofagasta señaló que estas materias son facultad exclusiva del legislador, no siendo el amparo la vía idónea.
La ley consagra que estas disposiciones aplicarán a las empresas privadas con capitales iguales o superiores a 1.500 salarios mínimos o aquellas con capitales inferiores a 1.500 salarios mínimos con más de 50 empleadas.
El ente contralor adujo esto, dado que la normativa que regula la jornada extraordinaria está prevista para los funcionarios que realizan sus labores en forma presencial y no mediante teletrabajo.
Máximo Tribunal indicó que no puede ser acogido a trámite un recurso sin alegar interpretaciones diversas de una norma de orden laboral.
La propuesta, iniciada en moción, dispone un máximo de 11 dirigentes con fuero, para una asociación nacional con presencia en al menos ocho regiones y 30 mil integrantes.
El Tribunal lo declaró culpable de delito de descubrimiento y revelación de secretos.
La Corte Suprema declaró admisible el recurso.
