Los medios de comunicación deberían abstenerse de difundir de manera imprudente, errante y hasta ultrajante, informes, datos y circunstancias que la involucre y no revisten carácter de interés público, en pos de la protección del interés superior. Existen límites que se deben tener en cuenta a la hora de abordar el tratamiento noticioso de hechos de repercusión pública.

El máximo Tribunal señala que la Ley Nº20.027 es de carácter especial, por ende, debe prevalecer respecto de la Ley Nº20.720 que contiene las normas generales en materia de concurso, enfatizando que “(…) sería absurdo hacer prevaler una ley general sobre una particular”, como pretendía el deudor.

La encartada fue sorprendida portando droga al interior de la cárcel femenina de Valparaíso. La audiencia de juicio se desarrolló de forma remota, hasta que la imputada tuvo problemas de conexión, y pese a ello, el tribunal decidió seguir adelante en ausencia de la acusada, incumpliendo la regla de justificación para estas situaciones establecida en el artículo 283 del Código Procesal Penal.

La administración de justicia tiene la obligación de dar respuesta a las peticiones que realizan los sujetos procesales dentro de cada proceso. Es decir, para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva en el componente de acceso, tiene que responder a las peticiones que realizan los sujetos procesales, con independencia de que estas sean o no favorables a lo que se solicita.

El imputado fue sorprendido por personal de Carabineros en la parcela de un vecino -a quien originalmente habrían denunciado por narcotráfico-, y al negarse al ingreso de la policía al inmueble, los agentes solicitan la autorización judicial pertinente, ingresando al domicilio encontrando plantas de cannabis y diversos contenedores que almacenaban la sustancia a granel.

La oferta pública publicitaria puede estar afectada por un error, y el hecho de que se trate de un contrato de consumo no condena al emisor a cargar con errores en los que no participa la mala fe. El contrato de consumo tampoco habilita a los consumidores a reclamar en supuestos donde la existencia del error es manifiesta, ya que, si bien la oferta pública publicitaria es considerada vinculante, tal efecto cede al comprobarse un error en la formación de la voluntad.

Al concluir el tribunal que la aplicación del artículo 74 del Código Penal en la determinación de la pena es más beneficioso para el sentenciado, no ha incurrido en un error de derecho con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, ya que ha individualizado las sanciones aplicables al caso mediante la única operación pertinente, en consideración a la imposibilidad de resolver conforme al artículo 351 del Código Procesal Penal.

El valor de la droga incautada al acusado, un total de 52,6 gramos tiene un valor aproximado de $263.000, lo que llama la atención de un acusado que vive en un ruco en la vía pública y no tiene trabajo formal, sino solo cuidando autos.

Tratándose de una empresa u otra organización que cometa la falta, se aplicará la pena de multa de 20 a 50 UTM, y si hay reincidencia, le será asignada al responsable la pena de presidio menor en su grado máximo.

Deberán garantizar la seguridad personal y la propiedad de esta población dentro de los albergues institucionales existentes, incluido el apoyo a sus animales. Además, deberán prohibir la recogida forzada de bienes y pertenencias, el traslado y transporte forzoso de personas sin hogar y el uso de técnicas hostiles contra esta población.