El tribunal sustituyó la pena privativa de libertad impuesta al sentenciado por la expulsión del territorio nacional, la que deberá concretarse en el plazo de 30 días, a contar de la fecha en que la sentencia quede firme o ejecutoriada.
La Primera Sala del tribunal de alzada acogió la acción constitucional impetrada, tras constatar el actuar ilegal, arbitrario y discriminatorio de la recurrida.
La requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad, desde que los preceptos impugnados desconocen el derecho de propiedad que se tienen sobre el inmueble que arrienda, con arrendamiento vigente con el dueño anterior al precarista.
La Tercera Sala del tribunal de alzada no dio lugar a la acción constitucional, tras establecer que la resolución impugnada fue dictada por tribunal competente y se circunscribe solo al período estival.
No debe olvidarse que las víctimas eran dos adultos mayores: de 60 años él y 63 años ella, versus la juventud de los acusados en plena capacidad física y con superioridad de armas, lo que supone una evidente y objetiva desigualdad de fuerzas.
Debe vincularse entonces la idea de «incontinencia» digital con este contexto, en que la mujer no ha tenido ningún reparo en dar a publicidad a través de sus redes sociales de cuestiones que son parte de la esfera más íntima de la niña: ha exteriorizado situaciones que hacen a la esfera de reserva de la niña, evidenciando de esta forma un fuerte desprecio en priorizar su Interés Superior.
Según el ente persecutor, los imputados, previamente concertados y aprovechando que Contreras Gutiérrez ejercía como seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, suscribieron tres convenios de manera irregular entre el Minvu la Fundación Democracia Viva, representada legalmente por el coimputado Andrade Schwarze con el objetivo de intervenir en obras menores en asentamientos precarios.
La buscaba por el centro durante su jornada laboral y le enviaba mensajes de WhatsApp desde su móvil personal sin su consentimiento ni aprobación. Le mandaba emoticonos de besos, comentarios obscenos y una cantidad significativa de archivos multimedia, vídeos e imágenes de contenido altamente pornográfico. La mujer nunca le respondía.
La búsqueda de un óptimo estado de salud es inherente a la vida digna. Por lo tanto, la falta del suministro del medicamento no permite que las accionantes puedan mitigar el dolor padecido, tengan que convivir con aquel a diario y no gocen de un adecuado estado de salud. Se concluye que la entidad accionada vulneró el derecho a la vida digna de las accionantes.
De probarse las omisiones constituirían infracciones de los artículos 34(1), 34(2), 35(1), 28(1), 39(1) y 40(12) de la Ley. La Comisión llevará ahora a cabo una investigación en profundidad con carácter prioritario. La apertura de un procedimiento formal no prejuzga su resultado.
