El ministro en visita condenó al teniente de Carabineros, a la época de los hechos, Figueroa Nieto por su responsabilidad en la detención ilegal de las víctimas Juan Luis Díaz Cortez, Manuel Antonio Humaña Jiménez, Rubén Enrique Leal Riquelme, Renato Ariel Saravia Flores, Baldomero Osvaldo Salazar Salgado, René Esteban Díaz Cortez y Renato Santana Dubreuil.

La iniciativa busca establecer la prohibición de utilización por los responsables del registro o banco de datos, de proporcionar la información sobre deudas impagas hasta el 30 de abril de 2022.

El requirente alega que se extiende la persecución penal más allá de lo que la Constitución permite, vulnerando su derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso.

En el acuerdo aprobado por la Sala se critica una norma definida en un decreto supremo que permite a personas con visa de turista solicitar permisos de residencia. Ello, se estima, contraviene la Ley de Migraciones y el espíritu del legislador, que negó dicha opción de manera expresa.

El requirente alega que la aplicación del precepto en el caso concreto produce efectos inconstitucionales ya que se trataría de una norma penal en blanco que además genera efectos desproporcionados.

Una muestra de sangre permite identificar si existe dicho déficit. Los síntomas asociados son la fatiga, el desánimo, la debilidad muscular, el nerviosismo y el insomnio.

Confirmó el fallo recurrido, en la parte que condenó, además, a Rodríguez Zamora y Lillo Merodio a 541 días de presidio, como autores del delito de aplicación de tormentos a la compañera de estudios de Jara Aravena, Cecilia Isabel Alzamora Vejares.

El pleno de ministros advierte que, se puede observar que la iniciativa legal objeto de la consulta si bien constituye un avance en la protección de los glaciares, tiene ciertos aspectos que pueden ser mejorados para otorgar una mayor protección a estos.

El requirente alega que la aplicación de los preceptos en el caso concreto, producen efectos inconstitucionales.

El permiso de la autoridad es un requisito fundamental para el otorgamiento de la servidumbre, según lo establece la Ley N°18.097.