El Tribunal General no debería haber anulado el mantenimiento de Hamás en dicha lista bajo la excusa que el Consejo no había autorizado mediante una firma las exposiciones de motivos individuales de dichos actos.
El uso de colorantes ha provocado alarma en la salud pública, por los efectos adversos que estos pueden generar, lo que ha sido demostrado por diversos estudios que se han realizado a lo largo del mundo durante las últimas décadas.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad, argumentando que el tribunal de primera instancia aplicó el régimen jurídico excepcional de la Ley 21.226 que regula las actuaciones y plazos judiciales en el marco de la pandemia por Covid 19.
Doctrinariamente, este recurso es definido como el acto jurídico procesal de una parte agraviada, tendiente a obtener del tribunal ad quem la invalidación de una sentencia, por haber sido pronunciada por el tribunal inferior con prescindencia de los requisitos legales, o por emanar de un procedimiento viciado al haberse omitido las formalidades esenciales que la ley establece.
El organismo intervino tras negativa de la Superintendencia de Salud a la publicidad de antecedentes asociados a procesos de fiscalización o auditorías por empresa fundamentales para su supervisión.
El requirente estima que el precepto legal objetado vulnera su derecho de igualdad ante la ley, el derecho al recurso y defensa, y el principio de legalidad y supremacía constitucional.
No se acreditó una situación de riesgo concreto a la salud del hijo con la pandemia, por lo que el impedimento del régimen comunicacional es un incumplimiento imputable a la madre.
El pago de la garantía estatal exige que la entidad financiera inicie las acciones judiciales tendientes al cobro del crédito, lo que se contrapone a los efectos procesales del desistimiento ejercido por la actora.
Con ello, se mantuvo la decisión de la Corte de Talca que estimó que tal indemnización carece de sustento legal en dichas causas.
Se debe establecer un estándar mayor para aquellos que aspiran a formar parte de la función pública, siendo un imperativo entregar señales fuertes y claras que den cuenta del rechazo de este tipo de conductas tan transversalmente cuestionadas.
