Corte de Valparaíso que señaló en atención al deber de servicialidad del Estado en sus prestaciones de salud, debe contar con funcionarios con salud compatible a sus cargos.
Argumenta, tras una evaluación de las consecuencias de la medida, que los peligros para «la salud y la vida» de levantar las restricciones no afectarían tan sólo a las personas que participasen voluntariamente en los servicios religiosos, sino, por la vía del contagio, a un «notablemente mayor círculo de personas».
Cobra singular importancia en la emergencia actual para examinar en qué medida los tribunales de superiores ajustan sus decisiones al orden constitucional.
El máximo Tribunal señala que el Director de Obras sólo puede otorgar los permisos de Edificación respecto de proyectos que cumplan las exigencias previstas en la ley, debiendo tal funcionario ceñirse estrictamente por el principio de legalidad en materia urbanística, sin que aquel tenga facultades para interpretar la ley de manera laxa o analógica.
Lo anterior dado que el acto que hizo lugar a la sanción referida fue haber sido el recurrente sorprendido ayudando a ingresar menores de edad al campo de juego.
Un constitucionalismo de la Tierra es posible. A su favor, además del realismo y la razón, hay una novedad. Por primera vez en la historia la humanidad está unida por un interés público general, mucho más amplio y vital que todos los intereses públicos del pasado: el de todos en la supervivencia de la humanidad y la habitabilidad del planeta.
En la sentencia se indicó que se da por acreditada la estrechez económica que obligó a desvincular a los trabajadores y que no existen indicios que den cuenta de alguna vulneración de derechos a los actores.
El ente fiscalizador adujo esto, profundizando que se cumple la hipótesis cuando dicho funcionario no habite un inmueble fiscal o proporcionado por el fisco.
La Corte Suprema señaló que, el recurso de protección perdió interés.
Sentencia señaló que se vulneró el derecho de asociarse libremente para formar un sindicato.
