El deber de cumplimiento honesto en el contrato, formulado en el precedente Bhasin v. Hrynew, se aplica a todos los contratos y exige que las partes no mientan ni se engañen de otro modo a sabiendas sobre asuntos directamente relacionados con la ejecución del contrato. Al determinar si la deshonestidad está relacionada con un contrato dado, la cuestión relevante es si se ejerció un derecho en virtud de ese contrato, o si se cumplió una obligación de manera deshonesta.

34 casos han sido presentados por y en nombre de niños y jóvenes menores de 25 años, incluidas niñas de siete y nueve años en Pakistán e India, respectivamente. Mientras que en Suiza, los demandantes presentan su caso basándose en el impacto desproporcionado del cambio climático en las mujeres mayores.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) aplicó una multa de 10.000 UTA, equivalente a más de $7.583 millones, en contra del proyecto minero ubicado en la Región de Atacama. Esto por dos infracciones graves, y cuyos incumplimientos ambientales han afectado el resguardo de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca del Río Ramadillas.

La obra del destacado académico y doctor en Derecho Privado será presentada por el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña.

Se abordaron normas relativas a las elecciones primarias, participación de pueblos indígenas, paridad y el umbral del 5% para partidos políticos.

Por Maite Palacios y Rodrigo Valdés Roa

El fallo señala que el número suficiente de firmantes constituye un requisito esencial para la admisibilidad del libelo en cuestión, cuyo cumplimiento debe acreditarse a través de un documento que certifique que, en este caso, quienes lo suscriben constituyen al menos un quinto de los miembros en ejercicio del Consejo Constitucional.

El imputado Juan Pablo Leiva Puga funcionario de Carabineros, quien se desempeña en dicho lugar, con grado de cabo 2º, se acercó a la víctima y le propinó golpes a mano abierta en el rostro. Aproximadamente una hora después, regresó al lugar donde se encontraba detenido Garabito Acevedo, tomándolo del cuello y azotándole contra la pared, provocando que aquel cayera al piso.

Desde el sector acusador señalan que, según el artículo 71 y 72 del reglamento del Consejo Constitucional, las enmiendas no podrían ser válidas, puesto que dichas normas no permiten crear nuevos capítulos.

Por Rodrigo Valdés Roa

El Tribunal de alzada rechazó el recurso de casación en la forma interpuesta por la parte demandada en contra de la sentencia, dictada por el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago, que le ordenó pagar a la facultativa la suma de $600.000 por concepto de daño emergente y $15.000.000 por daño moral.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la cartera recurrida, al denegar el beneficio por haber ingresado, supuestamente, la solicitud fuera de plazo.