En el artículo se hará presente cuáles eran los argumentos que tradicionalmente se invocaron para no atender a las solicitudes de intervención de Gendarmería de Chile dentro de procedimiento penal. A continuación de aquello, se explicará de manera pormenorizada la argumentación expuesta ante los tribunales superiores para que se permitiera intervenir a Gendarmería de Chile dentro del proceso penal. Finalmente, se analizará jurisprudencia relevante de los tribunales superiores de justicia, y principalmente, las sentencias en causas Roles Nº 57.688-2022 y 242.158-2023, de la Excelentísima Corte Suprema, donde conociendo sendos Recurso de Queja, el Máximo Tribunal reconoce la facultad de actuar como sujeto procesal en el procedimiento de ejecución penal por parte de la ya aludida institución penitenciaria

El reclamo ingresado en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) pretende revertir la calificación favorable del proyecto y lograr que ingrese nuevamente a evaluación, esta vez mediante un EIA y considerando una consulta indígena.

La Primera Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Arica, que rebajó la prisión preventiva que cumplía el imputado, al existir nuevos antecedentes que debilitan la presunción de participación atribuida.

El tribunal sustituyó la pena privativa de libertad impuesta al sentenciado por la expulsión del territorio nacional, la que deberá concretarse en el plazo de 30 días, a contar de la fecha en que la sentencia quede firme o ejecutoriada.

La Primera Sala del tribunal de alzada acogió la acción constitucional impetrada, tras constatar el actuar ilegal, arbitrario y discriminatorio de la recurrida.

La requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad, desde que los preceptos impugnados desconocen el derecho de propiedad que se tienen sobre el inmueble que arrienda, con arrendamiento vigente con el dueño anterior al precarista.

La Tercera Sala del tribunal de alzada no dio lugar a la acción constitucional, tras establecer que la resolución impugnada fue dictada por tribunal competente y se circunscribe solo al período estival.

No debe olvidarse que las víctimas eran dos adultos mayores: de 60 años él y 63 años ella, versus la juventud de los acusados en plena capacidad física y con superioridad de armas, lo que supone una evidente y objetiva desigualdad de fuerzas.

Debe vincularse entonces la idea de «incontinencia» digital con este contexto, en que la mujer no ha tenido ningún reparo en dar a publicidad a través de sus redes sociales de cuestiones que son parte de la esfera más íntima de la niña: ha exteriorizado situaciones que hacen a la esfera de reserva de la niña, evidenciando de esta forma un fuerte desprecio en priorizar su Interés Superior.

Según el ente persecutor, los imputados, previamente concertados y aprovechando que Contreras Gutiérrez ejercía como seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, suscribieron tres convenios de manera irregular entre el Minvu la Fundación Democracia Viva, representada legalmente por el coimputado Andrade Schwarze con el objetivo de intervenir en obras menores en asentamientos precarios.