La Corporación hace un llamado al Ejecutivo a avanzar en propuestas legislativas que tengan como finalidad que los afiliados puedan hacer uso de parte de sus ahorros previsionales, bajo condiciones y circunstancias específicas.
Ello por su responsabilidad en los delitos consumados de detención ilegal, secuestro con grave daño y aplicación de tormentos a Gilberto Alfonso Hernández Vera, quien fue detenido en octubre de 1973, en su domicilio en Cerro Placeres, por una patrulla de infantes de marina.
Quedó desvirtuada la presunción legal del inciso 1° del artículo 8º del Código del Trabajo. Los recaudadores no eran trabajadores dependientes o subordinados, ni tenían obligación de asistencia, de cumplir horario o de asistir a reuniones u otras propias del trabajo subordinado.
La Comisión de Gobierno respaldó el texto que apunta a fomentar la participación y el acceso de personas de esfuerzo que no cuentan con certificado de cuarto medio regular. En la actualidad la norma exige «enseñanza media formal o su equivalente».
La gestión pendiente incide en autos civiles, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Valparaíso.
La sentencia fue revocada al considerar los jueces que las expresiones de la agrupación feminista contaban con protección constitucional y que su discurso no podía ser suprimido de las redes sociales en las que se había manifestado.
La sentencia señala que la demandada transgredió «el derecho a la intimidad y a la imagen» que tenían los actores, aún en su condición de personas públicas -jugador de fútbol y cantante-, y que tampoco se encontraba probado que «hubieran dado su consentimiento para la publicación».
Tampoco se infringe la regla del artículo 2330 del Código Civil desde que no se probó que el trabajador se expuso imprudentemente al daño.
Se trata de un organismo estatal que goza de capacidad procesal en razón de la imputabilidad legal y directa de sus potestades públicas, sin que para ser parte en juicio necesiten personalidad jurídica plena o patrimonio propio.
Considerando que el fundamento de la prescripción estriba en sancionar la desidia o negligencia del acreedor en la protección de sus derechos o en el reclamo de los mismos, la presentación de la demanda parece satisfacer este requisito dado que ahí aflora su voluntad de hacer efectivo su derecho mediante la acción respectiva, sin que haya necesidad de notificación de la demanda.
