En la sesión la entidad bancaria aseguró que «hasta el momento, no se ha registrado robo de información ni de fondos como tampoco se había solicitado rescate».
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Silva y los Ministros García y Pica, quienes estuvieron por rechazar el requerimiento, por cuanto el conflicto constitucional no guarda relación, con la mayor o menor facultad que el sistema procesal penal le otorga a la víctima del delito.
Esta considera vulneradas las garantías de los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución.
El recurso fue acogido por no constar la eliminación de la publicación.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
No se vislumbra vulneración actual de los derechos constitucionales que se acusaron transgredidos.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
El decreto busca paliar la grave afectación que las disposiciones adoptadas para enfrentar el riesgo epidemiológico asociado al coronavirus COVID-19 han causado en la economía de muchas familias y personas de todos los estratos socioeconómicos.
La Corte requirente estima que la aplicación de la norma impugnada, constituye una afectación de la igualdad ante la ley, y pugna con el derecho a la identidad.
Para facilitar el financiamiento en el contexto de la pandemia del coronavirus.
