Para cumplir con el requerimiento de pago exigido en la norma bastaba con notificar al deudor vía correo electrónico o SMS. La recepción de esta comunicación debe ser certificada por un servicio de entrega electrónica.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia que condenó a Pedro Octavio Espinoza Bravo, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann y Miguel Krassnoff Martchenko a 7 años de presidio efectivo, en calidad de autores del delito, tras descartar la prescripción de la acción penal y la media prescripción por tratarse de un crimen de lesa humanidad.
Modificación que comenzará a regir desde la publicación respectiva en el Diario Oficial.
La Corte de Antofagasta había dispuesto que el Alcalde debía eliminar toda publicación que compartía fotografías o datos personales del actor, y abstenerse en lo sucesivo de incurrir en conductas similares por cualquier medio de comunicación social.
El Tribunal de alzada confirmó íntegramente la sentencia impugnada.
El documento reúne recomendaciones básicas orientadas a explicar de forma sencilla la regulación vigente y reforzar la protección de datos personales que se manejan en instituciones de la administración central y municipios, incluyendo la reducción de accesos no autorizados y de tratamientos indebidos de este tipo de información.
El requirente estima que los preceptos legales afectan, entre otros, el debido proceso y la igualdad ante la ley.
El guardia de seguridad municipal, al auxiliar al recurrente que huía de sujetos que lo perseguían, se percató que aquél portaba un bolso con “papelillos” motivo por el que lo retuvo hasta que llegó Carabineros, quienes pusieron al encartado a disposición de la justicia.
Lo que la Corte debe dilucidar consiste únicamente la forma en que la sentencia cuestionada apreció la prueba y no el mérito de la misma, pues este último examen, es propio de una apelación.
La judicatura de fondo al estimar lo contrario infringió el artículo 10 de la Ley N°19.983 y el artículo 2518 del Código Civil.
