La violencia por prejuicio debe diferenciarse de la noción de crímenes de odio, toda vez que esta última nace de una actitud unilateral, que se origina en el fuero interno de la persona; mientras que la violencia por prejuicio es instigada por la segregación social que sufre el colectivo LGBTI, la cual es producto de la desidia estatal y de la falta de políticas públicas inclusivas.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) es la entidad encargada de fiscalizar a los 61 grandes establecimientos afectos a la presentación de un Plan de Reducción de Emisiones y al cumplimiento de la meta de reducción de emisiones indicada en dicho instrumento. 8 de estas empresas deben paralizar sus fuentes estacionarias durante la jornada de preemergencia.

La Fiscalía Nacional Económica solicitó se tenga por rechazado el requerimiento interpuesto por la ANFP, alegando que la aplicación de los preceptos impugnados no resulta contraria a la Constitución.

La diferencia radica en que los primeros tienen el carácter de irrenunciables.

De lo contrario, los municipios se encuentran impedidos de verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes para mantener su explotación.

Se busca limitar la actuación en materia de distribución de utilidades de tales sociedades, atendido el tipo de cotización de seguridad social que administran.

Es necesario reconocer a la partería como un saber ancestral que constituye un patrimonio inmaterial que se transforma en una expresión cultural y étnica de cada comunidad.

El requirente alega que se vulnera su derecho a la acción penal y el debido proceso.

En la última sesión de la instancia se escuchó a la Dirección General de Concesiones del MOP que expuso sobre la situación actual de las carreteras en el país y las alternativas que se están manejando para enfrentar la situación.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, que confirmó la de primer grado que ordenó a la empresa pagar $300.000 por concepto daño emergente, y $5.000.000 por daño moral a la parte demandante.