El máximo Tribunal ibérico condenó a 16 acusados con penas que oscilan entre los 6 meses de prisión y los 11 años y 10 meses de cárcel, por el delito continuado de estafa agravada en concurso con insolvencia punible y continuado de falseamiento de cuentas anuales, así como blanqueo de capitales.

El amparado es un adulto mayor con problemas de salud.

El objetivo principal del proyecto ingresado es mejorar la persecución de los delitos económicos.

El condenado había cumplido medida cautelar personal en causa en la que fuere absuelto.

La recurrente considera vulnerado su derecho a la libertad individual.

El Tribunal de Alzada indicó que, tanto el comunicado publicado en el Funpage de la Iglesia recurrida, como el reportaje emitido en el noticiero central de Chilevisión, se encontró amparada por el derecho a la libertad de expresión.

La Magistratura colombiana adujo que capturas legalmente ordenadas por jueces competentes o legalizadas ante jueces de control de garantías, deben atender condiciones objetivas del asunto y sin considerar aspectos meramente subjetivos de descalificación peligrosista.

Máximo Tribunal señaló que no se dio cumplimiento a normativa que faculta a municipios a revocar tales permisos.

La Corte Suprema revocó la sentencia apelada señalando que, la circunstancia de haber permanecido la recurrente en el cargo a contrata por más de 20 años, generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculada con la Administración.

La Corte de Talca indicó que, se afectó el derecho de propiedad de la recurrida.