Una semana que dejó reparos a ciertas enmiendas e instaló preocupación, manifestada por el exmandatario, Ricardo Lagos. Tanto el oficialismo como la oposición iniciarán la discusión de las enmiendas, donde comenzarán los roces entre ambos sectores, algo que traerá consigo que más de un partido se desmarque del otro. Ya lo dijo el consejero constitucional, Edmundo Eluchans (UDI): “Con los republicanos vamos a llegar a acuerdo en algunas materias y en otras no”.

El ente descontó arbitrariamente al actor el monto que adeuda por el crédito con garantía estatal, luego de celebrar con el particular un avenimiento en sede laboral, hecho que fue catalogado por la Corte de La Serena como un acto de autotutela, que vulneró el derecho del recurrente a no ser juzgado por una comisión especial.

El municipio de San Carlos interpuso la acción cautelar en favor de una funcionaria del SENDA que expuso ante el Consejo Municipal, y dicha ponencia -de carácter público- fue dada a conocer por un medio de comunicación online de la comuna. El recurrente estimó como vulneradas la honra e imagen de la funcionaria, no obstante, carece de legitimidad activa pues es la propia afectada quien debió comparecer ante la magistratura.

La actora celebró con el municipio 8 contratos de honorarios entre abril de 2020 y abril de 2021, para prestar servicios como administrativa en un programa de salud. El máximo Tribunal estimó que, por aplicación del principio de primacía de la realidad, dichos contratos deben regirse por el Código del Trabajo, al existir en la especie subordinación y dependencia en los términos del artículo 7 del dicho cuerpo legal.

El despecho de la víctima, con ocasión de que el imputado terminó la relación abierta, no determina, per se, la incredibilidad subjetiva de las declaraciones relativas a la forma de conocimiento y contacto o a la realidad de las relaciones sexuales que mantuvieron semanalmente durante unos tres meses.

La Corte fundó su decisión de mantener la prisión preventiva que había sido sustituida por considerar que al ser ingeniero informático el imputado por el delito de almacenamiento de material pornográfico infantil, constituía un peligro para las diligencias investigativas.

La adopción del mayor de edad genera deberes y derechos recíprocos en el campo patrimonial y en el personal. Cambia diametralmente el plexo normativo a tener en cuenta a la hora de valorar su procedencia. En efecto, más allá de ciertas normas de aplicación común a la adopción de menores y mayores, se corre el eje de apreciación judicial: del estándar del interés superior del niño hacia el respeto de la autonomía de la voluntad de dos adultos capac

No obstante, la empresa pública debe tener en consideración preceptos relativos a la probidad administrativa y resguardo del patrimonio público que le son aplicables (arts. 6, 7 y 8 de la Constitución, y Ley 18.575).

La mujer era miembro de una secta con creencias apocalípticas que abogaba por la “segunda venida de Cristo” a la que se unió tras contraer matrimonio con un líder de la misma. Podría volver a ser juzgada por otras muertes aún no esclarecidas.

El legislador exige la realización copulativa de las tres conductas para no incurrir en el delito, cuestión que no se verificó en el caso en análisis, ya que el encausado huyó del lugar y no prestó ayuda.