La decisión fue adoptada sin efectuar previamente una investigación de los hechos que motivaron la exclusión de la recurrente, ni menos aún que se le haya permitido a la recurrente formular sus descargos.

La decisión fue dictada por autoridad facultada al efecto, quien actuó dentro de la esfera de su competencia y en las hipótesis que establece la preceptiva del ramo de conformidad al artículo 145 del Ley General de Urbanismo y Construcciones.

La AFP Plan Vital pagó el monto correspondiente al tercer retiro del 10%, solicitado por un afiliado que mintió al indicar no tener deudas alimentarias. El Tribunal de Familia de Limache ordenó la retención judicial de dichos fondos, orden que no fue obedecida por la entidad excusándose en un error computacional, acto que vulneró el derecho de propiedad de la recurrente.

Corresponde previamente disipar las consecuencias que tendría el informe referido en relación con las medidas apremio, por lo que estas medidas deben entenderse suspendida por el propio Tribunal.

Chile es el segundo país de América Latina, después de Argentina, en contar con una institución de estas características. Australia, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido y Suecia fueron los primeros países del mundo que incorporaron un Defensor de los Derechos de la Niñez.

El abandono del procedimiento resultaba improcedente, si se considera que, pese a haber sido recibida la causa a prueba, el impulso procesal recaía en el tribunal.

El IND fue condenado a pagar el total del presupuesto del contrato, al proveedor de los alojamientos y la alimentación para la final de las “Ligas Deportivas de Educación Superior”, que se celebrarían entre el 25 de octubre y el 9 de noviembre de 2019. La magistratura estimó que el ente incumplió el contrato al no terminarlo anticipadamente, estando en conocimiento de que el evento no se realizaría debido a la crisis social que atravesaba el país en ese momento.

La Corte Suprema confirmó la decisión de los jueces de fondo, de indemnizar por daño moral a una víctima que no se encuentra reconocida como tal por el informe Valech, pero que pudo ser situada por testigos al interior del Estadio Nacional hasta el 24 de septiembre de 1973. La Corte indicó que la obligación de reparar el daño causado no es excluyente respecto de quienes no aparezcan en la nómina de la Ley Nº19.992.

El demandante actuó en virtud de las facultades conservativas que se reconocen a los miembros de la comunidad hereditaria, para efectuar todas la acciones tendientes a la recuperación del patrimonio social, por lo tanto, el recurrente no puede indicar que la contraparte actuó sin poseer legitimación activa.

El suministro de energía eléctrica no solo es un deber en cabeza del Estado por tratarse de una manifestación de los fines esenciales del Estado que se orientan a la consecución del bien común y el bienestar general, sino que debe ser garantizado por su conexidad con derechos fundamentales dispuestos en la Constitución.