El reproche que se hace a la sentencia se funda en un vicio que, de existir, no tiene influencia en lo dispositivo del fallo.
La acción de protección no es declarativa, por lo que los recurridos deben completar la vía administrativa para satisfacer su petición.
Los estatutos sociales, así como los artículos 227 N°4 del Código Orgánico de Tribunales y 415 del Código de Comercio, radican la competencia de la materia en el arbitraje forzoso.
El cuerpo fue identificado el año 2011; no obstante, las autoridades no dieron aviso a los familiares, ni entregaron más antecedentes del caso.
El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer que el proceder desplegado por la recurrida se realizó al margen de la normativa legal.
El pleno releva que respecto de este proyecto, resulta inexacto hablar de retención de fondos previsionales, en la lógica de la retención como medida precautoria civil del artículo 290 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto, en primer lugar, dichos fondos no están en forma de dinero o líquido, y segundo, por cuanto lo que se busca no es exactamente retenerlos, sino que derechamente embargarlos y pagar con ellos deudas de origen alimentario.
El máximo Tribunal descartó error en la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que acogió la demanda y ordenó los pagos.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e ilegal de la administradora al, primero, no emitir respuesta, y luego, en el proceso, negar de plano la solicitud.
El máximo Tribunal estableció error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, al confirmar la de primer grado que rechazó la demanda.
El Tribunal de alzada descartó infracción al debido proceso en la resolución que sancionó a la recurrente por difundir “viral” donde un alumno insulta a una profesora, dándole un tratamiento liviano, jocoso y matizado, además, con música de comedia.
