La Magistratura constitucional colombiana examinó una situación de ocupación irregular de un predio, en el marco de la cual un grupo de 57 ocupantes, conformado por víctimas de desplazamiento forzado y otros sujetos de especial protección constitucional, presentó acción de tutela.

La presente acción tendrá solamente por objeto resolver de la reclamación de una infracción a las reglas de procedimiento aplicables a la Convención y de aquellas de procedimiento que emanen de los acuerdos de carácter general de la propia Convención. En ningún caso se podrá reclamar sobre el contenido de los textos en elaboración.

El actor no denunció el hecho ni concurrió a la mutual de seguridad.

El Tribunal mantuvo las sanción aplicada a la empresa de informática por la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte.

El Tribunal de alzada estableció que la información solicitada por involucrado en el accidente no tiene carácter de reservada, por lo que debe ser entregada al requirente.

La medida fue autorizada por el ministro de turno, Cristián Delpiano, y se extenderá por un plazo de 30 días corridos desde su notificación a la empresa por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

El máximo Tribunal estableció que las sentencias de contraste presentadas por la recurrente no se refieren a la materia que se pretende unificación.

El Tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada el Juzgado de Letras del Trabajo de Arica, que estableció que el club deportivo incurrió «en actos que significaron la vulneración al derecho a la honra del trabajador denunciante».

El Tribunal de alzada rechazó los recursos de casación en la forma y confirmó la sentencia que condenó a José Cruz Lorente y Humberto Acevedo Godoy a 10 años y un día de presidio, en calidad de autor del delito.

Acusan que el Decreto N°97 del Ministerio de Educación fue dictado omitiendo lo acordado en los procedimientos de consulta indígena que se practicaron durante su tramitación.