Desinformación y su vínculo con las interferencias electorales debido a la robotización, el uso de la inteligencia artificial en medios de comunicación y redes sociales. Los retos de la sociedad y de la economía digital, la naturaleza de la desinformación, las respuestas del derecho, los procesos de participación on line, las funciones y disfunciones de Twitter y Whatsapp. Además, del robo de datos, la manipulación de algoritmos, la robotización en el periodismo y en redes sociales, las filtraciones, los sesgos y la atribución de fuentes.

La gestión pendiente incide en autos sobre cobranza laboral, seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de la misma ciudad, por recurso de hecho.

El causante falleció sin dejar testamento, por lo que basta que la actora acredite su calidad de hija para solicitar sus antecedentes médicos.

El artículo 13 de la Ley N°19.728 está redactado en términos imperativos.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

Esto, a propósito de solicitud de la Diputada Claudia Mix, respecto a la legalidad de la instrucción emanada de la Brigada Epidemiológica de Aislamiento Social (BEAS) que habría ordenado el retorno a las labores presenciales de los funcionarios de alto riesgo y de los que estuvieron expuestos a ese virus.

La Segunda Sala señaló que la LOCTC en su artículo 84 establece, en su inciso primero, numerales tercero y quinto, que un requerimiento deberá ser declarado inadmisible, cuando no exista gestión judicial pendiente en tramitación y cuando los antecedentes de la gestión pendiente en que se promueve la cuestión, aparezca que el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación.

El proyecto a desarrollar por la Gobernación Regional de Valparaíso constituye un estudio básico y previo que dará lugar a un futuro Plan de Gestión, por lo que no constituye un acto que genere un impacto directo sobre los derechos de la recurrente.

Los requisitos que prescribe la Ley N°18.046 no constituyen meras formalidades, sino tienen como fin salvaguardar la responsabilidad que asiste a todos los directores de una sociedad en virtud del deber fiduciario que pesa sobre ellos.

Prohíbe optar al beneficio de sustitución de las penas privativas de libertad, a quienes resultaren condenados a pena aflictiva por delitos contra las personas.