Se subraya que se garantizará siempre la propiedad del afiliado respecto de los ahorros provenientes de la capitalización individual sin que la ley pueda expropiar dichos ahorros.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que ordenó a la compañía de seguro dar cumplimiento al contrato y pagar a la demandante la suma de $5.910.213 por concepto de daño emergente, más $3.000.000 por daño moral.
El Tribunal acogió la acción tras dar por establecido que la demandada no proporcionó las condiciones ni adoptó las medidas para que la trabajadora desarrollara su labor de forma segura.
El Tribunal de alzada confirmó íntegramente la sentencia que ordenó a la demandada el pago de la multa establecida a título de cláusula penal, por la suma de $13.038.548.
Tras la votación, el proyecto quedó listo para ser remitido para su proceso de promulgación como ley.
El requirente estima que la aplicación de esta norma en su caso concreto vulnera la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el debido proceso, y conlleva a la aplicación de una pena desproporcionada.
Al haberse decidido por el Juez de mérito no ejercer sus facultades conservativas, fuera de los márgenes que autoriza el artículo 10, 14 letra a) y 36 del Código Procesal Penal, se ha incurrido en una ilegalidad que puede afectar los derechos fundamentales del amparado.
El artículo 295 del CPP no exige número ni tipo de prueba determinado como tampoco limita los tipos de medios de prueba a presentar y menos restringe los hechos sobre los cuales puede referirse.
El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado transgrede su derecho a la defensa y el debido proceso.
Si bien hay pruebas que permiten determinar que hubo discriminación y coerción, el procesamiento sería desproporcionado para los acusados, ya que la alumna fue indemnizada a través de un acuerdo de conciliación y; según los informes, la escuela ahora es segura para los estudiantes LGBTI.
