La representación de la parte actora se circunscribe al colectivo de los consumidores que hubieran efectuado una o más compras con tarjeta de crédito y/o débito en cualquiera de las sucursales de las tiendas de Cencosud (en cualquiera de sus marcas), y cuyos datos personales se encontraban en las bases de datos de titularidad del demandado a la fecha de cualquiera de las dos brechas informáticas.

Es particularmente rechazable que se utilicen estas fórmulas de engaño para conseguir un beneficio económico de quien puede que esté necesitado también de dinero y que carece de inmueble en el que residir, y que por esa necesidad se vea más expuesto a caer en la trampa que, sin embargo, no disponen de ellos, suponiendo esa conducta y modus operandi una agravación de la estafa.

Los Estados están dispensados de responder ante un organismo internacional por sus actos antes de haber tenido la oportunidad de arreglar los asuntos a través de su propio sistema legal. En el presente caso, el demandante no agotó los recursos internos.

Los últimos eventos de daño a la infraestructura de riego a nivel regional ocurridos durante el año 2023 e inicios de 2024, y especialmente la situación de escasez hídrica extrema que afecta a la región de Coquimbo y a la provincia de Petorca, sugieren que la aplicación de la excepción señalada puede resultar excesivamente restrictiva, limitando el accionar eficaz de la Comisión Nacional de Riego, entregando ayudas, ante la ocurrencia de este tipo de eventos.

El perfil del criminal de bandas organizadas nos habla de un individuo perverso, egocéntrico y que le otorga un alto valor a los bienes materiales y a los lujos. De hecho, una de las principales razones por las cuales actúan dicen relación, precisamente, con la posibilidad de adquirir bienes de alto valor de los cuales poder presumir, de allí la importancia de decretar judicialmente la extinción del dominio de los mismos y su traspaso al Estado.

En primer lugar, el informe destaca la ausencia de una base jurídica que justifique la privación de la libertad de Gershkovich a través de su arresto y detención prolongada. Según el grupo, esta falta de fundamento legal constituye una violación de sus derechos fundamentales.

La requirente alega que los preceptos legales objetados infringen la igualdad ante la ley, el debido proceso, la libertad de trabajo, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica, desde que los proveedores de contenido de DIRECTV son grandes empresas multinacionales con quienes se celebró un contrato de adhesión, por lo que no tiene ninguna posibilidad de influir, ni el poder de negociar sobre el contenido que se transmite.

Ningún establecimiento educacional puede asignar cupos sin respetar el orden de inscripción que impone el SAE, sus procesos y mecanismos, por lo que el colegio pretendido por el recurrente, no tiene potestad sobre la inscripción y matrículas así como tampoco puede alterar o manipular la lista de espera.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar dirigido en contra hechos establecidos por los jueces del fondo.

La falta de servicio como factor de atribución de la responsabilidad estatal por su actuación ilegítima se genera por el funcionamiento anormal, defectuoso o incorrecto de la Administración Pública y puede plasmarse tanto en comportamientos activos como así también ante la omisión o inactividad de los agentes estatales.