El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia que condenó a Renato del Campo Santelices y Manuel Cabezas Pérez a 5 años y un día de presidio por su responsabilidad como autores de los hechos.
El Tribunal de alzada consideró que las profesoras y organizaciones recurrentes carecen de legitimidad para interponer la acción, por lo que corresponde su rechazo.
Declara inaplicable el artículo 418 del Código Procesal Penal. El fallo se conocerá en los próximos días.
Si bien no corresponde a la judicatura evaluar las decisiones adoptadas en el ejercicio de potestades discrecionales, la restricción o privación de derechos debe satisfacer un mínimo de proporcionalidad en su aplicación.
Se deben adoptar los resguardos necesarios para respetar los derechos de los funcionarios que no estaban en condiciones de conocer la improcedencia del pago indebidamente percibido.
Al acreditarse que el precio aludido en la cesión de derechos hereditarios no fue solucionado, necesariamente había de arribarse a la conclusión que la compraventa que allí se pretendía hacer aparecer era fingida.
La gestión pendiente invocada incide en autos sobre solicitud de desafuero seguido en contra de la Convencional Constituyente Paola Grandón González, de que conoce la Corte de Apelaciones de Talca.
La llamada “perspectiva de género” no impone siempre decidir a favor de la mujer, sino impedir que ella sea postergada por el hecho de serlo.
Las instituciones deben adoptar las medidas necesarias para verificar que los cotizantes en ese régimen satisfagan todos los requisitos legales.
No se acreditó la existencia de un derecho ancestral que habilitara al actor para extraer el recurso hídrico que necesita para regar su predio agrícola.
