El Tribunal acogió la acción, tras establecer que el actuar de la institución policial vulneró los derechos fundamentales de la trabajadora.
El máximo Tribunal consideró que hubo error al no fundamentar los motivos del rechazo de la demanda.
El citado órgano emana del Código Tributario y tiene como función conocer de las apelaciones que se deduzcan en contra de las resoluciones dictadas por el Tribunal Tributario y Aduanero, respecto de los reclamos de avalúos de los bienes raíces. El referido Tribunal está integrado por un Ministro de la Corte de apelaciones respectivas, dos abogado designados por el Presidente de la República, a propuesta del Intendente.
La Policía actuó conforme a las facultades establecidas en el artículo 85 del Código Procesal Penal.
No se vulneró el debido proceso por la declaración de un testigo en la audiencia de juicio oral a través de video conferencia.
Vulneran la igualdad ante la ley y el debido proceso.
No se acredita que los acontecimientos denunciados se hayan verificado de la forma en que pretenden los recurrentes, ni tampoco se logró identificar una actuación ilegal de la policía uniformada.
En conformidad al artículo 8 inciso 2º de la Constitución, la información solicitada queda comprendida dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia.
La actora le depositó su absoluta confianza para resolver el problema que en ese momento la aquejaba, pero la letrada no le respondió los mails, ni las llamadas, dejándola en un estado de indefensión absoluta.
La norma impugnada no es compatible con las exigencias de racionalidad y justicia que emanan del debido proceso.
