La Corte de Chillán indicó que, fluye de manera evidente la existencia de una controversia jurídica entre recurrente y recurrida, cuya resolución no puede darse en esta sede de protección de derechos indubitados.
El recurrente estimó vulnerada su garantía del artículo 19 numeral 1 de la Constitución Política de la República.
El recurrente aseguró que su hija de 3 años sufría fuertes cólicos estomacales y que, pese a que explicó a los agentes de policía su situación, fue detenido mientras se dirigía junto a la niña a buscar alimentos y medicina.
El máximo Tribunal acogió recurso de casación y estableció la responsabilidad del municipio por falta de servicio, pero desestimó el recurso respecto del Fisco y el centro invernal La Parva.
Por no haber constatado indicio de la comisión de un delito ni haberse verificado situación de flagrancia que permitiera el actuar autónomo de la policía, ocurre que aquel se desempeñó fuera de su marco legal y de sus competencias, vulnerando el derecho del imputado a un procedimiento justo y racional.
El Tribunal castrense condenó a José Aurelio Santic Palomino a la pena efectiva de 5 años y un día de presidio.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de reclamación interpuesto en representación de clínica privada, tras establecer que la recurrida actuó dentro de sus atribuciones legales.
De esta manera no se vislumbra vulneración alguna a la garantía fundamental de la libertad de trabajo, desde que no se le ha impedido al denunciante el ejercicio de actividad alguna.
El Tribunal de alzada rechazó la acción cautelar, tras establecer que el cobro responde a lo acordado en el contrato suscrito por las partes.
El Tribunal estableció la responsabilidad de las empresas demandadas por la falta de condiciones de seguridad para que el trabajador contratado como instalador de butacas, realizara otras funciones a las que fue provisoriamente destinado.
