La recurrida busca establecer una indemnización de perjuicios sin juicio previo que la determine, pretendiendo además determinarlos unilateral y arbitrariamente.
No se ha probado que en las mismas condiciones del recurrente se haya otorgado una acreditación o la certificación de la especialidad de odontología a otro, ni que se haya negado la certificación como odontólogo por lo que sí puede ejercer como cirujano dentista.
Las normas de la Ley N°18.933 que sustentan la tabla de factores, fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional.
El actuar de la recurrida se asila en las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República que son obligatorias y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización.
La autoridad administrativa estimó que la situación de los fiscales adjuntos que desempeñan labores de fiscal jefe, es análoga a la de aquellos funcionarios que, conservando la propiedad de sus plazas titulares, ejercen empleos a contrata o son nombrados como suplentes.
La no resolución de la petición efectuada importa un problema de seguridad que coloca a la recurrente en una situación de incertidumbre injustificada.
Para retirar temporalmente al recurrente se debieron utilizar las reglas que establece la Ley N°18.834 y no las de la Ley N°19.195.
Para arribar a la conclusión de que se ha producido una errónea interpretación de la ley es necesario explicar y denunciar como infringidas las disposiciones legales sustantivas de interpretación establecidas en los artículos 19 y siguientes del Código Civil.
El demandante contaba con licencias médicas que recomendaban no exponerlo al contacto directo con los reclusos, pero fue mantenido en sus turnos de vigilancia, lo que provocó que sufriera lesiones durante un motín en el recinto penal.
El máximo Tribunal estableció que la información requerida es de carácter público, por lo que su divulgación no afecta el funcionamiento del ente persecutor o entorpezca alguna investigación o persecución criminal en curso.
