Trabajadores del transporte han sufrido amenazas, intimidaciones, agresiones físicas y verbales en los últimos años.
El Estado ha dispuesto normas específicas para la protección de los venezolanos en territorio colombiano, que les permiten identificarse y acceder a los servicios estatales con pasaporte vencido que tenga el sello de la autoridad migratoria.
Contrariamente a lo resuelto por CPLT, están amparados por la reserva del numeral 2 del artículo 21 de la Ley N°20.285, por derechos comerciales y económicos, así como por cláusulas de confidencialidad, que vinculan al adjudicatario del proyecto con la Administración del Estado.
El Tribunal de alzada descartó yerro en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que declaró que las demandas constituyen un único empleador para efectos laborales y previsionales, por lo que deberán pagar solidariamente las indemnizaciones por aviso previo y por años de servicio, con recargo legal del 30%; más la devolución de la suma descontada del aporte patronal al fondo de cesantía de la trabajadora.
El Tribunal de alzada revocó la resolución impugnada, dictada el Juzgado de Garantía de Osorno, que estimó que el querellante carecía de legitimación activa para interponer la acción.
El tribunal, dio por acreditado, que: “Con los antecedentes de diligencias previas de investigación por el delito de tráfico ilícito de drogas, realizadas por la sección OS7 de Carabineros de Antofagasta, se determinó que un grupo de individuos previamente concertados, transportarían desde la Región de Tarapacá hasta la ciudad de Antofagasta una cantidad indeterminada de drogas”.
Los habitantes de San José reciben recursos hídricos de camiones aljibes del municipio de Cabildo y abastecimiento del Servicio Sanitario Rural Los Molinos, cumpliéndose el parámetro establecido por el máximo Tribunal sobre acceso al agua potable al sobrepasarse la media de 100 litros diarios por persona.
La ley de Transparencia 20.285 establece herramientas recursivas especiales para estos casos.
Más allá de la significación penal que en definitiva corresponda asignar a los hechos denunciados, confluyen en el presente una serie de circunstancias que impiden descartar, al menos de momento, la existencia de conductas en infracción a la ley de sanción y prevención de la trata de personas.
La generalización de la condición o el estatus migratorio de las personas que desean ingresar al territorio de un tercer país puede suponer el incumplimiento de diversas obligaciones establecidas en la propia Constitución o en los tratados internacionales ratificados por el Estado.
