La sola asignación de las casillas a los administrados, no resultan suficiente para que el acto de notificación resulte válido; por el contrario, será a partir de la autenticación del administrado – el registro de datos, correo electrónico, celular, la habilitación del usuario y contraseña -, que deberá entenderse como el consentimiento expreso del administrado para la notificación de actos administrativos.

En informe evacuado por esta Fiscalía Nacional Económica, se advirtió que existen indicios de que, al menos respecto de ciertos Locatarios, los centros comerciales tipo mall tendrían un ostensible poder de mercado, ya que serían muy relevantes para el desarrollo de su giro, pudiendo eventualmente no tener sustitutos aceptables dependiendo de las circunstancias particulares del mall y Locatario en cuestión.

Para los magistrados, el denunciante incurrió en contradicciones relevantes y emitió respuestas poco creíbles. “Los primeros pagos respondían a los servicios sexuales a los que ella se dedicaba, y, posteriormente, pudieron deberse a la existencia de una relación sentimental, interrumpiéndose cuando esta se rompió”.

El magistrado estableció la falta de servicio del centro asistencial demandado, al no haber adoptado las medidas adecuadas para la atención del parto vía cesárea.

A lo largo del país hay varios centros que se especializan en recibir a víctimas de violencia intrafamiliar. Los centros de atención tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades de los involucrados en situaciones de violencia intrafamiliar. Ellos auxilian, atienden consultas jurídicas o médicas, asesoran de acuerdo a su especialización, remiten a otras organizaciones y acogen ante hechos de maltrato.

La resolución destaca, entre las falencias que se han detectado en el proceso, se observan cuestionamientos al relato de la víctima; demora en las pericias que se derivan a otros servicios y programas; y exceso de causas en la Corporación de Asistencia Judicial.

Se trata de cuatro mociones que apuntan a garantizar derechos, tales como, opinar sobre su salud o debatir sus intereses en instancias de participación.

La requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, desde que, a pesar de que el receptor judicial notificó la demanda en un domicilio que no le pertenece, el legislador privó a los incidentistas del artículo 80 del Código de Procedimiento Civil de poder acceder a la suspensión del procedimiento principal y de todos los demás cuadernos hasta la completa resolución del incidente.

Es una decisión que debe ser calificada de arbitraria toda vez que no existe causa legal alguna que ampare hacer una diferencia entre egresados que presentan deuda y aquellos que no la tienen.

La programación de audiencia fijada por el Tribunal de primera instancia resulta ser desproporcionada, ya que sólo atiende a razones de eficacia de la persecución penal y eficiencia, sin considerar el principio de celeridad y el derecho del imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable y prudente.