Se tipifica el delito de ecocidio, como cualquier omisión o acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente.
La actora tiene pendiente el pago del subsidio por incapacidad laboral correspondiente a 13 licencias médicas.
«Se recomienda informar el proyecto valorando la voluntad de legislar en estas materias, pero haciendo presente las diversas observaciones que se han desarrollado en las páginas precedentes, algunas de las cuales pueden tener serias repercusiones respecto de la garantía constitucional del debido proceso”, advierte el máximo Tribunal.
Se exceptúa a las embarazadas y a la población de riesgo en razón de padecer de alguna enfermedad que los haga más susceptibles frente al virus.
El Tribunal de alzada estableció que no hubo vulneración a las garantías constitucionales al debido proceso en la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la Rancagua.
El Tribunal de alzada descartó infracción en la resolución sancionatoria aplicada al canal público por el ente regulador.
La medida reprochada ha sido adoptada por la autoridad en el ejercicio de sus atribuciones, por lo que disipa cualquier imputación de ilegalidad.
Tras el vencimiento del plazo, el precepto impugnado obliga a disponer el sobreseimiento definitivo de la persona acusada.
El accidente se produjo en el marco de un contrato de obras, siendo el trabajador empleado de la contratista.
No contiene una exposición clara de los hechos y fundamentos en que se apoya y de cómo ellos producen como resultado la infracción constitucional alegada.
