En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que concurren las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 84 numerales 5° y 6° de la LOCTC.
El decreto tenía por objeto autorizar al Ministerio de Salud para que adelantaran ciertos trámites relacionados con la importación y fabricación local de medicamentos y productos que se necesitan para prevenir, diagnosticar y tratar la enfermedad Covid-19.
El Banco Interamericano de Desarrollo lanzó la publicación «Políticas sociales en respuesta al coronavirus».
La Corte de Santiago estimó que, no procedió aplicar la sanción que contempló el inciso 5º del artículo 162 del Código del Trabajo.
La Corte Suprema declaró admisible el recurso de protección.
La decisión incide en la interpretación del contenido de disposiciones que prohíben la producción, almacenamiento y circulación de productos fitosanitarios que contengan sustancias activas no aprobadas por la Unión Europea.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros García, Romero, Pica y de la Ministra Silva, quienes estuvieron por rechazar el requerimiento.
Contra la diputada Laura Borrás Castanyer.
A lo anterior cabe agregar que, si la causal fue declarada injustificada, siendo la imputación válida, de acuerdo a esa precisa causal, corresponde aplicar el aforismo que lo accesorio sigue la suerte de lo principal.
Ejercieron un acto propio de autotutela, proscrito por nuestro ordenamiento, constituyéndose en una suerte de comisión especial.
