Corte de Valparaíso estimó que amparada cuenta con arraigo social en el país que no fue ponderado por la autoridad ministerial requerida.
Ambos padres recurrentes mantienen visa de responsabilidad democrática.
La Corte señaló que recurso de amparo constitucional no es la vía adecuada para resolver si existen otras vías de impugnación.
El amparado mantiene mala evaluación y conducta.
La Magistratura colombiana indicó que la sentencia agregó que el cargo de Defensor Regional del Pueblo que desempeñó dentro del año anterior a su elección, no es un cargo del orden departamental y, por lo mismo, no se configuró uno de los presupuestos de la inhabilidad por ocupación de cargos públicos prevista en el inciso octavo del artículo 272 de la Constitución.
La Corte de Santiago señaló que existe un proceso penal en curso por lo que no es posible adelantar un pronunciamiento en sede de amparo.
Recurrentes estimaron vulnerado su derecho a presentar peticiones ante la autoridad pública.
Corte de San Miguel estimó que autoridad recurrida actuó dentro de sus atribuciones.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia apelada.
La Corte de Santiago estimó que el acto administrativo impugnado carece de fundamentación suficiente.
