El Tribunal de alzada acogió el recurso y ordenó dejar sin efecto el decreto alcaldicio, dictado el 5 de junio pasado.
El Tribunal ordenó a la aseguradora pagar al demandante $5.289.943, valor de la reparación del vehículo, tras establecer que la demandada no dio cumplimiento al contrato suscrito, bajo el argumento de que el asegurado no denunció el siniestro dentro de un plazo de 12 horas.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad deducido en contra de la sentencia, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda.
Las financió con su propio patrimonio y no existe prueba de lo hiciera en representación de un mandante.
El injustificado retardo en la tramitación del proceso conculca la garantía constitucional del debido proceso.
Es cierto que se acreditó que una clienta obtuvo un crédito y que parte de él fue depositado en la cuenta de la ejecutiva demandante, pero ello a lo más constituye un cariz de incumplimiento.
«El hecho de que la medida propuesta sea temporal, fundamentada en una situación excepcional subyacente y, que responda a razones humanitarias y de salud pública, hace posible señalar que la idea legislativa parece lo suficientemente específica y proporcionada como para considerarse razonable», sostiene el informe.
Se recibió la observación que criticaba la falta de explicitación sobre el control judicial de la medida de retorno asistido, en atención a que expresamente se señala en la nueva versión que la medida será impugnable según las reglas del procedimiento de medidas de protección ya mencionado.
Se anunció para alegar, en representación del Consejo de Defensa del Estado, la Abogada Jacqueline Espinoza Ortiz.
La gestión pendiente incide en autos sobre juicio especial hipotecario, seguido ante el Vigesimosegundo Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, tramitado ante la Corte de la misma ciudad, por recurso de apelación, en actual conocimiento de la Corte Suprema, por recurso de casación en el fondo.
