El demandado acusó de forma genérica la infracción de normas sin puntualizar en ningún yerro de derecho, concentrándose en atacar el concepto de “demencia” mencionado en la Ley N°18.600 y no las normas que influyeron en el fallo impugnado.

Aunque la falta sea derivada del hecho de los agentes, existe una imputación directa al titular del servicio, de manera que la actividad de los funcionarios estatales ha de ser considerada propia del Estado, quien debe responder de modo principal y directo por las consecuencias dañosas.

El Tribunal de alzada rechazó el recurso impetrado por las demandadas en contra de la sentencia, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Calama, que les ordenó el cese inmediato del comportamiento antijurídico, bajo apercibimiento; arbitrar todas las medidas conducentes para el traslado de la denunciante a un establecimiento del Servicio de Salud Valparaíso y el pago de una indemnización de $12.000.000 por concepto de daño moral. 

Las medidas incluyen la habilitación de centros de rescate de fauna marina, la modelación de la pluma de hidrocarburos y/o aceites, la evaluación de áreas de mayor sensibilidad ambiental del borde costero y la ejecución de monitoreo extraordinario de aves y mamíferos.

El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que confirmó la de primer grado que hizo lugar a la demanda.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó a las demandadas, Ganadera Res Limitada, Comercial Res Limitada, Don Ganadero Spa y Agromerk Spa, a pagar, por constituir un único empleador, solidariamente la suma de $45.000.000 por concepto de daño moral, a trabajadora.

La sentencia recuerda que, para ejercer sus facultades sancionadoras, el Superintendente debe seguir una serie de etapas (regladas y discrecionales) para determinar la sanción aplicable a cada caso, tales como identificar la sanción, clasificar su gravedad, considerar los tipos de sanción que contempla la Ley Orgánica de la SMA (Losma) de acuerdo con la calificación de la gravedad atribuida y ponderar las circunstancias del artículo 40 de la Losma.

El requirente alegó que el precepto legal no establece criterios objetivos, reproducibles y verificables para determinar la cuantía de la multa en forma proporcional a la gravedad de la infracción.

Nuestra legislación permite a cualquier medio de comunicación difundir información, con ciertos límites y estándares básicos a cumplir, cuando existe interés público relevante comprometido, sostiene el recurrido.

Si bien el recurrente se expresó en contra del Directorio de manera desafortunada, la Corte estimó que los dichos no constituyen una infracción de la envergadura necesaria para aplicar la máxima sanción establecida en los estatutos.