El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda y le ordenó a la prestadora privada de salud el pago del recargo del 30% sobre la indemnización por años de servicio y la restitución del descuento indebido del aporte patronal al seguro de cesantía de la trabajadora.

En el informe, el pleno de ministros plantea que en el caso del divorcio de mutuo acuerdo, el rol del tribunal no es solo el de declararlo, sino que también el de verificar la completitud y suficiencia del convenio regulador que se den las partes.

Si a los policías les pareció sospechoso el objeto que sacó de la mochila, esto no justificaba su actuación subsiguiente, ya que la ley no se conforma con una sospecha, sino que exige un indicio o presunción.

El requirente alega que se le obliga a entregar información que no es pública conforme al texto constitucional, vulnerando sus garantías constitucionales.

La Corte de Valparaíso deberá conocer la acción entablada por funcionaria municipal, que acusa desproporción en la sanción de un sumario administrativo.

Es necesario contar con una consagración constitucional expresa, con pleno reconocimiento de la infancia y el deber de estado de otorgar todos los medios materiales y espirituales para el sano crecimiento y desarrollo de la infancia

La Corte constató que las afectaciones a los derechos a la libertad personal y a la vida privada de la docente fueron producto de un trato diferente basado en su orientación sexual.

El requirente alega que imponerle la carga de probar un hecho negativo es excesiva y vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.

Igualmente, si se solicita el cambio de lugar para llevar a cabo las actividades de una patente ya emitida, se deben verificar las condiciones del nuevo sector.

La población privada de libertad tiene derecho a recibir atención médica de diversos especialistas, así como tratamientos completos en forma oportuna.