La Primera Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución, dictada por el Juzgado de Garantía de Collipulli, que rechazó la pretensión de la defensa de devolver a los imputados al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Angol, desde donde fueron sacados tras haber participado en una protesta, con retención de gendarmes, el 7 de mayo pasado. Hechos que están bajo investigación del Ministerio Público.

El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada en juicio oral simplificado por el 14° Juzgado de Garantía de Santiago.

Macarena Letelier, directora ejecutiva del CAM Santiago y quien comentará el libro en el lanzamiento, afirma que «este libro tiene un valor natural y único, al ser obra de un jurista que no solo creyó y estudió los mecanismos para resolver conflictos, en este caso el arbitraje, sino que los practicó a lo largo de su vida académica, profesional, publica y no cabe duda en la personal también».

El requirente alegó que por no acompañar el receptor judicial la transcripción de la declaración de los testigos dentro del plazo de 10 días, previo apercibimiento se la tuvo por desistida la prueba testimonial, lo que vulnera el debido proceso, la defensa jurídica, la igualdad de armas, entre otras garantías.

El marco que establece el artículo 458 del Código Procesal Penal es la de una presunción, y no la de una certeza.

La recurrida negó por unanimidad la sustitución de la pena al condenado, precisando pormenorizadamente los motivos por los cuales tomó dicha decisión, sin que se advierta en ello ilegalidad o arbitrariedad.

El régimen de visitas es un derecho de doble vía, que garantiza el desarrollo de las relaciones entre los hijos y los padres, reforzando los lazos de unión. Este debe desarrollarse de acuerdo con el principio de interés superior del niño y todos, autoridades y particulares, deben propender por su efectivización.

No puede ser racional y justo un proceso iniciado más de dos años después de la muerte del mandante, sin que éste haya expresado específicamente su voluntad en ese sentido. Ello infringe el debido proceso y no existen los presupuestos procesales para iniciar una demanda.

La prueba de cargo demostró que el funcionario policial violentó e insultó a la víctima menor de edad al interior de un baño del sector de calabozos de la Comisaría de Carabineros, por lo que no surge duda en cuanto a la acción desarrollada por el sujeto activo.

Lo que antes implicaba una rebaja prudencial de la pena, actualmente constituye un motivo que agrava la sanción punitiva del tipo base del delito de violación sexual. La razón: otorgar más protección al estado de vulnerabilidad de la víctima, quien se encuentra expuesto o expuesta a sucesos que atentan contra su indemnidad sexual.