La declaración de la DOM no se ajusta a derecho, al apartarse de lo preceptuado en los artículos 116 de la LGUC y 1.4.4. de la OGUC.
La gestión pendiente incide en proceso penal seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por recurso de nulidad.
El ente contralor, no obstante, estima necesario hacer presente que el referido plan contempla políticas a seguir en el ámbito de los derechos humanos, y su contenido no reviste carácter normativo, de manera que los objetivos y acciones que en él se fijan, deberán sujetarse en su concreción a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente.
El texto plantea un beneficio fiscal para aquellos trabajadores que perciban remuneraciones brutas mensuales iguales o superiores a $301 mil e inferiores a $384.363. El tope máximo del subsidió será de $59.200.
Piden que el Estado se haga responsable de este daño irreparable para las víctimas. En la sesión, expusieron también profesores de derecho constitucional y penal.
El máximo Tribunal descartó actuar arbitrario en la resolución que, entre otros fundamentos, rechazó el proyecto por impacto en factor «medio humano».
El Tribunal de alzada estableció la responsabilidad de la empresa en el accidente laboral que causó el deceso de Sergio Antonio Garramuño Romero.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 22° Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la demanda por no acreditar el demandante los daños que habría soportado.
El Tribunal de alzada declaró el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, tras establecer que el afiliado cumple con las exigencias legales para el devengamiento de la pensión a partir del día siguiente al del retiro laboral.
La iniciativa busca otorgar un bono de $50.000 por cada causante de subsidio familiar o de asignación familiar que el beneficiario tenga al 30 de septiembre de 2019.
