El Tribunal de alzada acogió la acción judicial, tras establecer que el actuar de Carabineros no se ajustó a derecho y atenta contra la libertad personal y seguridad individual de los menores amparados.
El ente contralor concluyó que ambos beneficios, previstos por las leyes N°s. 21.043 y 20.822, resultan compatibles entre sí, teniendo derecho la interesada a percibirlos conjuntamente, en la medida que, por cierto, cumpla los requisitos establecidos respecto de cada uno de ellos.
La gestión pendiente incide en autos sobre despido injustificado, nulidad del despido, cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras de Talagante, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de San Miguel, por recurso de apelación.
Se confirió traslado al Presidente de la República, el Senado y la Cámara de Diputados.
La gestión pendiente incide en autos infraccionales seguidos ante el Segundo Juzgado de Policía Local de Concón, en actual conocimiento de la Corte Suprema, por recurso de casación en la forma y en el fondo.
El fallo del Tribunal de Alzada señaló que, el actuar del Banco recurrido excedió las facultades que le confirió la ley dentro del contrato de depósito y que su actuar resultó arbitrario.
El recurrente estimó vulnerada su garantía del artículo 19 numeral 24 de la Constitución.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 1, 2, y 24 de la Constitución.
La recurrente estimó vulnerada su garantía del artículo 19 numeral 24 de la Constitución.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Santiago, con declaración de que se eleva a $5.000.000 la suma que la demandada deberá pagar a la trabajadora por concepto de indemnización de perjuicio por el daño moral sufrido.
