El máximo Tribunal estableció que no existe infracción de ley en la resolución recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, que acogió la demanda y reguló la indemnización en 5 UF por hectárea de terreno afectado por cada año que se extienda la servidumbre.

El Tribunal de alzada rechazó la acción constitucional, tras establecer que la normativa impugnada, no constituye una actuación arbitraria que merezca ser corregida por la vía proteccional.

El Tribunal de alzada estableció que a la época de los hechos denunciados se encontraba vigente la norma que fijaba la prescripción de este tipo de acciones en seis meses y no en 2 años, como la actual.

Los actos de la acusada provocaron cambios negativos en el comportamiento de los menores que demuestran que han sido sujetos pasivos de abusos sexuales.

Este vacío legal, permitió que si bien, Loreto Silva, en ese entonces presidenta del directorio de ENAP, incumplía la Ley de Probidad al estar vinculada a la sociedad Asesorías Bofill Escobar Limitada a través de Asesorías MLSR SpA, no haya podido ser sancionada.

El máximo Tribunal descartó infracción de ley en el fallo atacado, dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago, que ratificó que tiene preeminencia y se debe salvaguardar el uso de las aguas de la Laguna del Maule para el riego, de acuerdo al convenio suscrito entre las partes.

El Tribunal acogió la demanda de nulidad de inscripción en juicio ordinario de mayor cuantía interpuesta y declaró la nulidad absolutamente de la inscripción practicada de inmueble.

Entrega al SERVEL la facultad de establecer plazos extraordinarios para inscribir candidaturas en el caso que existan menos de dos candidatos a un cargo uninominal.

El Tribunal de alzada rechazó los recursos de apelación de las partes y confirmó la sentencia dictada, por el Segundo Juzgado Civil de Rancagua, que estableció la responsabilidad del casino en el deceso del trabajador.

La sentencia señala que, al producirse una afectación del inmueble, como es en el caso de autos, se limita al dominio de la requirente, situación jurídica que obedece a la aplicación de la norma legal impugnada.