El Consejo adoptó esta decisión dado que la Subsecretaría no dio respuesta al solicitante y tampoco efectuó descargos u observaciones una vez conocido el amparo en su contra.
Los jueces de fondo desestimaron la prueba aportada por el demandante en segunda instancia sin expresar los razonamientos de hecho y de derecho para arribar a su decisión.
De acuerdo al principio de primacía de la realidad, se demostró que prestó sus servicios en forma subordinada. En consecuencia, había celebrado un contrato laboral a plazo indefinido que amerita protección constitucional dado que el recurrido desnaturalizó su contenido.
La defensa no puede alegar la ilegalidad de la declaración voluntaria del imputado ante el Fiscal, ya que se encuentra consagrada en el artículo 194 del Código Procesal Penal.
La ley N°21.402 derogó el artículo 475 N°2 del Código Penal, estableciendo una sanción menos severa por los mismos hechos en el artículo 476 N°2 del mismo cuerpo legal, norma que debió ser aplicada por el tribunal al ser más benévola para el sentenciado.
Si bien las expresiones vertidas en correos electrónicos se realizan para denostar al actor al constituir comunicaciones privadas descarta que vulneren su derecho a la honra, pero al constituir amenazas corresponde remitir los antecedentes al Ministerio Público.
Al momento de notificar la medida de prohibición de acercamiento a su cónyuge y compeler a abandonar el hogar común, Carabineros se percató de la tenencia de un arma de fuego sin permiso y detuvo al imputado que reconoció la propiedad de la especie.
Si una acción de protección ha sido admitida, la Corte debe dictar sentencia sin que se pueda volver a analizar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, conforme a la regla de preclusión. Sin embargo, si previamente no se han agotado todas las vías procesales será menester aplicar una excepción a esta regla.
El Fisco no atacó la aplicación del artículo 98 de la Ley N°18.092 al cuestionar la declaración de prescripción de una deuda de estudios que al tenor del artículo 13 de la Ley N°20.027 es imprescriptible.
El delito de tráfico de estupefacientes es de ámbito federal, mientras que la tenencia ilegal de armas es de índole común.
